Puerto Cortés, Honduras
La Unidad Municipal Ambiental (UMA) de Puerto Cortés confirmó que mantienen abierta una línea de investigación tras una denuncia por presunta contaminación ambiental generada por un almacén de contenedores ubicado contiguo al Instituto Franklin Delano Roosevelt.
La denuncia fue interpuesta por la sociedad de padres de familia del principal centro educativo del municipio, así como por vecinos del barrio El Porvenir, quienes aseguran verse afectados por la operación del almacén fiscal, que sería instalado en la zona sin contar con los permisos de operación ni control ambiental requeridos.
De acuerdo con los denunciantes, la bodega —que alberga contenedores vacíos y con carga— genera contaminación ambiental y riesgo vial, debido al congestionamiento provocado por el tránsito de rastras y equipo pesado que ingresa y sale del lugar.
Además, la denuncia sostiene que el almacén fiscal, que opera bajo el nombre de Alminhsa, infringe la Ley General del Ambiente, al realizar actividades no autorizadas para ese tipo de zona. Según el reclamo, las operaciones generan contaminación por agentes químicos, físicos, biológicos y energéticos, liberando sustancias nocivas al aire y a los recursos hídricos del municipio.
UMA confirma investigaciones
Kay Bodden, directora de la UMA, declaró que se elabora un informe sobre las actividades de la empresa Alminhsa y la documentación legal que respalda su funcionamiento.
“En las investigaciones realizadas hemos detectado que la principal problemática en el sector es la contaminación ambiental generada por el polvo, ya que las terminales de transporte de las empresas no tienen piso de concreto o no cuentan con el mecanismo de grava u otro tipo de suelo que reduzca los daños ocasionados por el polvo”, declaró la funcionaria.
“Hemos constatado los daños por el polvo en la temporada lluviosa y el verano. Ese es parte del informe que se presentará a la Corporación Municipal de todas las diligencias que hemos hecho como departamento ambiental, así como de las demás instancias municipales que deberán brindar las respectivas investigaciones”, agregó Bodden.
“Hemos detectado que algunas de las empresas que operan en la zona cuentan con licencias ambientales y han implementado medidas para prevenir y mitigar el impacto ambiental. Hay otras que han sido más difíciles de regular porque ni siquiera tienen representación de forma permanente, pero estamos realizando los procedimientos para asegurarnos de que se implementen las medidas de mitigación; de lo contrario, se procederá legalmente una vez que se trasladen los informes a la Corporación Municipal”, aseguró.
Autoridades educativas piden el cierre del almacén
Juan Carlos Zúniga, director del Instituto Franklin Delano Roosevelt, reiteró el llamado a las autoridades a intervenir antes de que ocurra una tragedia.
“Sencillamente, esta es un área residencial; está prohibida la instalación de fábricas, almacenes o maquilas. Tenemos una población estudiantil de más de 2,000 alumnos, y un almacén de contenedores contiguo a nuestro predio representa una amenaza”, recalcó.
“Este almacén de contenedores genera un terrible tráfico vehicular, poniendo en riesgo la vida de cientos de alumnos que a diario ingresan y salen de nuestro centro educativo. Hay ruido permanente y caos vial en las entradas y salidas. Lo que más sorprende es que, según lo que sabemos, el almacén fue construido sin permiso de operación ni licencia ambiental; todo se hizo por influencias políticas”, agregó Zúniga.
“En el pasado se intentaron establecer empresas en la zona y no se les permitió porque estamos en un área escolar y residencial. No estamos en contra del desarrollo de nuestra ciudad ni de la generación de empleos, pero toda empresa debe regirse por las leyes en aspectos legales y técnicos, y esta empresa de contenedores representa un grave riesgo. Incluso, según hemos sabido, se podrían estar almacenando productos tóxicos”, apuntó el director.
“Se trata de una campaña malintencionada”
Rommel Andrade, representante de Alminhsa, rechazó las denuncias, asegurando que se trata de acusaciones infundadas promovidas por personas que buscan perjudicar a la empresa.
Reconoció, sin embargo, que un equipo de la Fiscalía Especial de Protección del Medio Ambiente visitó recientemente las instalaciones para investigar posibles delitos ambientales.
“Hemos dejado constancia de que no almacenamos insumos peligrosos, sino carga alimenticia o carga seca. Tampoco generamos contaminación ambiental. Contamos con las licencias y permisos correspondientes; no tenemos nada ilegal ni nada que temer”, expresó Andrade.
“Además de todos los permisos, solicitamos una constancia de uso de suelos donde se nos marcó qué tipo de actividades tenemos permitidas, como bodega, transporte, almacenamiento de contenedores, entre otras. Todo esto es una campaña malintencionada por personas que han estado acostumbradas a manejarse bajo las sombras”, recalcó.
El representante de la empresa añadió que la inversión en la zona supera los seis millones de dólares, y que las dos naves del almacén cuentan con seguridad industrial e infraestructura moderna.
“Nuestra empresa se ubica contigua al centro educativo, pero contamos con todas las medidas de seguridad, y las personas que han generado esta campaña maliciosa, al no encontrar irregularidades, ahora están utilizando a la sociedad de padres de familia en nuestra contra. Todas esas denuncias son una bajeza. Somos una empresa que colabora permanentemente con el colegio, ofreciendo prácticas profesionales para sus alumnos e incluso contratando a muchos de ellos”, afirmó.
Andrade explicó además que el ingreso de los vehículos de carga se realiza cada 15 minutos, por lo que —asegura— no se genera tráfico vehicular. “Las calles de acceso están en óptimas condiciones, por lo que no se genera contaminación por polvo. Como empresa estamos con las puertas abiertas para todo el que quiera venir a verificar la forma en que operamos”, finalizó.
