Ante el riesgo de contaminación ambiental, padres de familia y docentes del instituto Franklin Delano Roosevelt, junto con vecinos del barrio El Porvenir, solicitaron a la municipalidad el cierre de un almacén fiscal que, según denuncias, opera en la zona sin permisos de funcionamiento ni controles ambientales.
Pese a ello, en la bodega ya se han trasladado centenares de contenedores vacíos y cargados, generando ruido excesivo, contaminación ambiental y riesgo de accidentes, debido al congestionamiento que provocan las rastras y el equipo pesado en las calles aledañas.
Juan Carlos Zúniga, director del Franklin Delano Roosevelt, dijo que desde enero vienen denunciando la contaminación que generan los contenedores en una zona residencial. “El colegio alberga más de 2,000 estudiantes, indagamos tres aspectos, estamos pidiendo la legalidad de ese almacén, queremos que demuestren los permisos, la ubicación del colegio no es para entorno de fábricas”.
Según los afectados, la operación del almacén viola disposiciones de la Ley General del Ambiente, que regula el uso del suelo en Puerto Cortés, ya que estaría generando contaminación por agentes químicos, físicos, biológicos y energéticos, los cuales liberan sustancias nocivas al aire y a los recursos hídricos del municipio.
Como resultado, denunciaron que la población ya enfrenta un aumento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.
A finales de octubre, un equipo de la Fiscalía Especial de Protección del Medio Ambiente (Fema) se presentó en las instalaciones del almacén fiscal Alminhsa, con el propósito de investigar la posible comisión de delitos ambientales.
Ya se investigan posibles responsabilidades de autoridades que autorizaron la apertura del almacén sin permiso de operación ni licencia ambiental exigida por la Ley del Ambiente.
De acuerdo con la denuncia, la Fiscalía indaga por qué el almacén comenzó a operar en una zona residencial sin la licencia ambiental de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), y solo con una licencia categoría 1 otorgada por la Unidad Municipal Ambiental (UMA), cuyo titular es Key Boden.
Según las investigaciones, dicha licencia categoría 1 solo aplica para proyectos de bajo impacto ambiental, como tiendas de conveniencia o abarroterías, pero no para almacenes fiscales, que por su magnitud requieren licencias categoría 3.
También se indaga por qué la municipalidad permitió que el almacén siguiera operando, pese a dictámenes que lo consideraban inviable por estar en una zona residencial y educativa.
El instituto Franklin Roosevelt brinda servicios educativos a miles de niños y jóvenes de Puerto Cortés y comunidades cercanas, por lo que la comunidad exige el cierre inmediato de la instalación, señalando que esta ha alterado el orden, la seguridad y pone en riesgo la salud e integridad de estudiantes, docentes y padres de familia.
Por su parte, vecinos del barrio El Porvenir solicitaron acciones urgentes. “Aquí no aguantamos el polvo que se desprende de ese predio cuando las máquinas están moviendo contenedores, además del ruido excesivo que nos ha quitado la paz y la tranquilidad”, expresó una de las afectadas. Asimismo, denunció que el tránsito en la zona se ha vuelto caótico.
“En el bulevar se estacionan ahora decenas de rastras y equipo pesado, generando embotellamientos de horas en un recorrido que debería tomar apenas unos minutos y representando una grave amenaza para la seguridad de los peatones, sobre todo de los niños que entran y salen del colegio”, agregó.
