Tegucigalpa, Honduras. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investigará el otorgamiento masivo de plazas y el manejo de los recursos públicos en la Secretaría de Educación durante el gobierno de Xiomara Castro, luego de los cuestionamientos sobre el crecimiento de la planilla y la distribución de nombramientos.
Ricardo Alfredo Montes Nájera, magistrado presidente del TSC, confirmó que se realizarán las investigaciones para determinar si existen irregularidades y establecer posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
“Haremos las investigaciones respectivas. Es necesario que el pueblo hondureño conozca la situación sobre cómo se están invirtiendo los recursos públicos”, expresó el funcionario.
El anuncio de la investigación se produce después de que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtiera que, mientras la matrícula escolar disminuyó, la cantidad de empleados aumentó. La organización también señaló desequilibrios en la asignación de docentes y cuestionamientos sobre los pagos salariales.
Según una investigación, entre febrero de 2022 y enero de 2026 se emitieron 3,664 acuerdos de nombramiento, principalmente durante la gestión del exministro Daniel Esponda.
De ese total, 1,964 acuerdos, equivalentes al 54%, se concentraron en Francisco Morazán, Santa Bárbara y el nivel central. Además, 2,215 nombramientos, el 61%, correspondieron a conserjes, guardias de seguridad y oficinistas.
Los registros también evidenciaron que Santa Bárbara recibió 636 acuerdos, pese a ocupar el octavo lugar nacional en matrícula escolar en 2025. Asimismo, los nombramientos a nivel nacional aumentaron de 393 en 2022 a 1,295 en 2024.
Entre los cuestionamientos figura el caso del diputado de Libre y dirigente magisterial Edgardo Casaña, quien, según la investigación periodística, recibió pagos por cargos en Educación sin que se encontrara evidencia documental del cumplimiento de sus funciones.
Montes Nájera advirtió que, si las investigaciones encuentran indicios de delitos, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes.
Carlos Hernández , director ejecutivo de la ASJ, calificó la concentración de contrataciones en Santa Bárbara como un reflejo de corrupción y abuso de poder.
"Es corrupción, es abuso de poder. Cuando uno ve lo que sucedió en Santa Bárbara, donde Edgardo Casaña era presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, y observa 636 contrataciones, evidentemente algo no anda bien", sostuvo Hernández.
El TSC deberá establecer ahora si la contratación masiva, la concentración territorial de plazas y el crecimiento del personal no docente implicaron irregularidades en el uso de fondos públicos y quiénes tienen responsabilidad administrativa, civil o penal por las decisiones adoptadas.
