Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció este miércoles nuevas medidas contra el crimen, entre ellas más módulos de máxima seguridad y la búsqueda de fondos para construir cárceles, durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa.
Zambrano afirmó que “ha llegado el momento de tomar decisiones y medidas contra el crimen” y sostuvo que el Congreso dotará de herramientas a los operadores de justicia para enfrentar la violencia, pero también les exigirá resultados y rendición de cuentas.
El titular del Legislativo compareció junto al secretario del Congreso, Carlos Ledezma; los presidentes de las comisiones de Defensa y Soberanía y de Seguridad y Prevención Ciudadana, Kilvett Bertrand y Marcos Paz, respectivamente, y el diputado por Yoro Eder Mejía.
“Honduras en los últimos años reclama seguridad y mayor compromiso de los operadores de justicia y los que gobiernan”, expresó Zambrano, quien destacó el compromiso de las bancadas para aprobar nuevas disposiciones luego de los acuerdos alcanzados en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Recordó que ya fueron declarados terroristas tres grupos y que los operadores de justicia trabajan de manera articulada. También señaló que se han reformado leyes relacionadas con el Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), aunque consideró necesarias otras enmiendas para facilitar su trabajo.
En materia penitenciaria, Zambrano aseguró que los grupos criminales considerados más peligrosos serán enviados a módulos de máxima seguridad, incluso cuando no hayan sido juzgados, debido a los cambios aprobados. También indicó que las comunicaciones, visitas y reuniones en los centros penales serán vigiladas, controladas y, de ser posible, grabadas.
El presidente del Congreso agregó que se restringirá el ingreso de alimentos a los centros penitenciarios, debido a que, según explicó, ese mecanismo habría sido utilizado para introducir armas, drogas y otros productos. El INP, dijo, busca reacondicionar los penales y generar al menos 900 espacios para internos en una primera fase.
“Se van a construir más módulos de máxima seguridad y se buscarán fondos para construir nuevas cárceles” en diferentes puntos del país, anunció Zambrano. El diputado también adelantó que en los próximos días se aprobarán nuevas medidas para continuar fortaleciendo el combate contra la delincuencia.
Sobre los territorios de riesgo, explicó que el CNDS tendrá a su cargo las declaratorias y que estas permitirán mayores facilidades a los cuerpos de seguridad para realizar incursiones y saturaciones de manera permanente. Añadió que estas acciones deberán estar acompañadas por el trabajo de los juzgados y por nombramientos de jueces y cortes de apelaciones para atender estos casos.
Privados de libertad más peligrosos
Zambrano también se refirió a las medidas para los privados de libertad más peligrosos. Dijo que habrá ligeras variantes a la disposición sobre los 30 minutos de sol y 15 minutos de calistenia, ante la oposición de familiares y algunos sectores, pero aseguró que se mantendrá el rigor para los reos considerados de mayor peligrosidad. “Lo que se busca es seguridad y paz y que la gente pueda salir con tranquilidad a las calles”, afirmó.
El presidente del Congreso sostuvo que el respaldo a los operadores de justicia será acompañado de exigencias. “Vamos a apoyar a los operadores de justicia, con leyes y lo que se necesite, pero igual vamos a pedir cuentas, resultados, que brinden informes y que se vea que las reformas surten efecto”, manifestó. Entre los asuntos pendientes mencionó una reforma al Código Procesal Penal y otros cambios para completar las medidas de seguridad.
Zambrano aseguró que los operativos, incursiones y saturaciones continuarán de forma permanente y aclaró que la declaratoria de grupos terroristas no estará dirigida contra civiles ni sectores políticos, sino contra estructuras criminales, previa presentación de información sobre su integración y operaciones.
También planteó reformas para atender a los menores infractores, mejorar los centros destinados para ellos y establecer un mecanismo para que, al cumplir 18 años, puedan pasar a centros penitenciarios para adultos. Finalmente, afirmó que se estudiarán prácticas aplicadas en Colombia, El Salvador y otros países con el propósito de recuperar la seguridad y evitar que los hondureños tengan que abandonar sus ciudades o barrios.
