La audiencia inicial en el denominado caso Sedesol, en el que están implicadas 12 personas, entre ellas el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, y la diputada del Partido Libre, Isis Cuéllar Erazo, fue reprogramada para el próximo lunes 23 de febrero a partir de las 9:00 de la mañana.
Así lo informó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, quien aclaró que no se trata de una suspensión definitiva, sino de la continuación de la audiencia inicial, la cual fue aplazada este martes a petición de las partes procesales, especialmente de los equipos de defensa de los imputados.
De acuerdo con Silva, los defensores solicitaron tiempo adicional para analizar, revisar y posteriormente objetar la carga probatoria presentada por el Ministerio Público, razón por la cual el juez autorizó el diferimiento de la audiencia.
El portavoz explicó que, como parte de este proceso, todo el expediente será digitalizado y entregado en formato electrónico a partir del próximo viernes, lo que permitirá a las partes contar con acceso completo a la documentación del caso.
“El personal auxiliar del juzgado digitalizará la totalidad del expediente, así como la carga probatoria presentada, para que los equipos de defensa puedan revisarla y formular sus objeciones”, detalló Silva.
En relación con la prueba ofertada por el Ministerio Público, el portavoz del Poder Judicial indicó que durante la jornada se presentaron un total de 47 medios probatorios.
Del total, 34 corresponden a pruebas documentales, cinco son testificales, siete periciales y una evidencia material, las cuales, según la representación fiscal, son útiles, idóneas y proporcionales para el esclarecimiento de los hechos investigados.
Silva recordó que, una vez reanudada la audiencia el 23 de febrero, los equipos de defensa no solo podrán objetar los medios de prueba del ente acusador, sino que también presentarán las pruebas que consideran pertinentes para su estrategia legal.
Investigación del Ministerio Público
Según las investigaciones del Ministerio Público, los fondos se drenaron mediante la emisión irregular de cheques a través del Fondo de Administración Solidaria, un mecanismo parlamentario para el periodo 2023-2025 dotado con 950 millones de lempiras (35,8 millones de dólares).
Presuntamente, los recursos financiaron la campaña electoral del Partido Libre, cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar en los comicios generales de noviembre pasado, ganados por Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional.
El escándalo estalló en junio de 2025, tras la dimisión del exministro de Sedesol a raíz de la filtración de un vídeo en el que conversaba con Cuéllar sobre el uso de recursos públicos con fines políticos.
Los imputados, a quienes se les dictó arresto domiciliario, son: Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reinery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno. Todos están bajo la medida de arresto domiciliario.
