Buena parte del rumbo político y constitucional del país, así como el futuro en materia legislativa, se definirá durante la presente semana. Cuatro días serán clave para determinar el porvenir del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo en los próximos cuatro años.
Según la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el miércoles 21 de enero el pleno del Congreso Nacional, integrado por 128 diputados propietarios, realizará una sesión para conformar la junta directiva provisional. La reunión estará dirigida por Tomás Vaquero, ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización.
El viernes 23 de enero, los 128 parlamentarios serán convocados nuevamente para una sesión en la que se definirá e integrará la Junta Directiva en propiedad para la primera legislatura del período 2026-2030.
Con la Junta Directiva ya juramentada, el domingo 25 de enero se instalará la primera legislatura del cuatrienio, con todos los congresistas ocupando sus curules, dando inicio a una nueva etapa en ese poder del Estado.
Tras cuatro años marcados por conflictos internos, bajo la presidencia del diputado Luis Redondo y, por ende, del Partido Libertad y Refundación (Libre), la población hondureña espera cambios sustanciales en el Congreso Nacional, orientados al bien común y no a intereses particulares.
Para Saúl Bueso, abogado y miembro del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), “son fechas importantes para la toma de posesión del nuevo Congreso. Independientemente de que alguien esconda las llaves del hemiciclo, eso es intrascendente. Lo que llama la atención son las posiciones que puedan adoptarse en función de esa posesión; no sabemos cuáles podrían ser las acciones que se darían desde el poder o desde el partido de gobierno”.
Bueso también aludió a las tensiones surgidas desde el gobierno saliente, luego de que se calificara al gobierno entrante como un “gobierno de facto”.
“La señora presidenta ha dicho que, en efecto, va corriendo la transición, pero llamó al gobierno ‘gobierno de facto’. Eso no es una forma despectiva; tiene un trasfondo mucho más fuerte y habría que procurar que en esta semana se cumplan los plazos”, expresó.
Balance institucional
Mientras tanto, la disputa entre el Partido Nacional y el Partido Liberal por la presidencia del Congreso Nacional está cerca de resolverse. A más tardar la noche del martes se debería conocer la decisión final alcanzada por ambas fuerzas políticas.
A criterio de Saúl Bueso, lo más recomendable es que el Congreso Nacional quede en manos de la oposición política al partido que ejerza el Poder Ejecutivo, con el fin de garantizar un balance institucional y una adecuada construcción democrática del país.
El cierre del proceso electoral llegará el 27 de enero, fecha marcada como trascendental para Honduras, cuando asumirá la Presidencia de la República Nasry Juan Asfura Zablah.
En ese contexto, Héctor Benjamín Valerio, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, garantizó durante el fin de semana una transición presidencial ordenada.
“Mi compromiso al asumir la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas fue claro: lealtad absoluta a nuestra Bandera Nacional y a la Constitución de la República, consciente del honor que representa y de la responsabilidad que conlleva”, afirmó.
Tomás Vaquero, ministro de Gobernación, reconoció que el proceso de transición gubernamental presenta algunos retrasos, pese a haber sido designado recientemente por la presidenta saliente, Xiomara Castro, para coordinar esta etapa junto a otros funcionarios del Ejecutivo.
Vaquero explicó que, junto a Russel Garay, titular del Servicio Civil, y Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, integra la comisión encargada de conducir la transición hacia la nueva administración.
No obstante, indicó que aún se está a la espera del retorno al país del presidente electo, Nasry Asfura, para avanzar en las coordinaciones formales.
La comisión fue nombrada el pasado 15 de enero, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la declaratoria presidencial el 24 de diciembre.
En el caso de los alcaldes y diputados electos, la declaratoria oficial se efectuó el 30 de diciembre, lo que, según el funcionario, incidió en los tiempos del proceso de transición.
Vaquero señaló además que otro aspecto pendiente es la acreditación oficial de los nuevos funcionarios, trámite que corresponde al ente electoral. Sobre este punto, aseguró que el CNE ha manifestado que las acreditaciones se entregarán “en tiempo y forma”.
El ministro agregó que, mientras se concreta el inicio formal de la transición, cada institución del Ejecutivo ya tiene listos los informes sobre el estado de sus oficinas y programas, los cuales serán presentados a la nueva administración.
