Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, compareció como testigo ante el Ministerio Público este jueves 22 de octubre, en una investigación relacionada con el paro de labores sanitarias y la presunta falta de atención a un paciente oftalmológico.
El dirigente declaró ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) y explicó que, por los términos utilizados durante la diligencia, considera que el caso podría estar relacionado con un derechohabiente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
“Lo que pude entenderle a la fiscal es que este es un caso del Seguro Social por temáticas que ella tocó; porque derechohabiente es del Seguro Social, y esa palabra no se usa en la Secretaría de Salud”, manifestó Santos.
El presidente del CMH aseguró que desconoce aspectos fundamentales de la denuncia, entre ellos la identidad del funcionario sanitario señalado y los detalles específicos de la presunta falta de atención al paciente.
“Yo soy el presidente del Colegio Médico, pero no estoy enterado de todos los pacientes que tienen todos los médicos en Honduras”, expresó al explicar el alcance de su participación como testigo.
Santos indicó que espera que, una vez avanzadas las diligencias, el Ministerio Público se comunique directamente con el profesional de la salud señalado. “Me imagino que van a llamar a la persona acusada, yo no tengo el conocimiento de quién es”, afirmó.
Legalidad de las asambleas informativas
El dirigente también aclaró que las asambleas informativas de los médicos, que sumaban 47 días, no fueron abordadas durante su declaración. No obstante, defendió la legalidad del paro y sostuvo que el derecho a la organización gremial está protegido por la Constitución de la República y los convenios internacionales suscritos por Honduras.
En medio del conflicto, Santos explicó que el Colegio Médico propuso ampliar la mesa de negociación con representantes de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud, el Servicio Civil, Casa Presidencial y el propio gremio. “Si se hace como el Colegio Médico lo dice, le aseguro que en 48 horas está resuelto el problema”, aseguró.
Por su parte, el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, informó el lunes anterior que las asambleas habían afectado aproximadamente 30,000 consultas externas y entre 3,000 y 4,000 cirugías electivas hasta el cierre de la semana previa. Según el funcionario, las suspensiones dificultan el acceso a consultas especializadas, operaciones y seguimiento médico.
La denuncia fue presentada el 12 de octubre por Santos Augusto Funes, con el acompañamiento del Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos y la Democracia (OBLADHED). En el escrito, Funes señaló al gremio médico por presuntos delitos de violación de los derechos humanos, abuso de autoridad y abandono de funciones, debido a las afectaciones que, según argumenta, las asambleas provocan a los pacientes.
La portavoz del Ministerio Público, Yulissa Gómez, confirmó que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos inició diligencias investigativas tras recibir la denuncia, incluidas solicitudes de información y toma de declaraciones. Además, anunció que se prevé citar a otros profesionales de la medicina para recabar sus testimonios y avanzar en el esclarecimiento del caso.
