Tegucigalpa. La Sala de lo Constitucional falló a favor de Ana Paola Hall, exconsejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), y ordenó al Ministerio Público (MP) abstenerse de ejercer acciones de persecución penal en su contra mientras no se agote el procedimiento de juicio político.
La resolución responde a la acción de amparo presentada por el abogado Gustavo Rafael Solorzano Díaz a favor de Hall, contra las actuaciones del exfiscal general de la República Johel Antonio Zelaya, a través de la Unidad Especial contra Delitos Electorales.
Según Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, los magistrados determinaron que las investigaciones penales relacionadas con hechos y actuaciones vinculados directamente con la gestión y el desempeño de Hall como consejera del CNE deben ser archivadas mientras se desarrolla el procedimiento de juicio político.
Resolución
La acción de amparo buscaba protección frente a las actuaciones del fiscal general y del Ministerio Público relacionadas con investigaciones en contra de Hall.
El fallo establece que, mientras no se agote el procedimiento de juicio político, el Ministerio Público debe abstenerse de ejercer cualquier acción de persecución y ordenar el archivo de las investigaciones iniciadas.
La resolución, sin embargo, no precisa qué ocurrirá con esas líneas investigativas una vez que Hall retorne a sus funciones en el CNA, según explicó el portavoz del Poder Judicial.
Silva aclaró que la parte resolutiva no hace referencia específica a esa condición, por lo que el fallo no establece si las investigaciones podrían retomarse posteriormente.
Investigaciones
El portavoz del Poder Judicial explicó que las líneas investigativas mencionadas están relacionadas con labores que Hall ejercía en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
“Las líneas investigativas que se dieron tienen que ver con las labores que ella ejercía en el CNA, pero no se especifica si una vez que ella regrese se puede retomar nuevamente esas líneas investigativas.
De acuerdo con la explicación del funcionario judicial, la decisión de los magistrados se limita a las investigaciones comprendidas en la acción de amparo y establece su archivo mientras se agota el procedimiento de juicio político.
Es decir, con el fallo, el Ministerio Público, a través de la Unidad Especial contra Delitos Electorales, deberá abstenerse de ejercer acciones de persecución relacionadas con las investigaciones comprendidas en la resolución mientras permanezca vigente la condición establecida por los magistrados.
