TEGUCIGALPA.
En ese sentido, la
Sala de lo Constitucional designó como juez ejecutor a la abogada Claudia
Anabela Pereira, defensora pública de Tegucigalpa, quien deberá de manera inmediata inspeccionar
Renaciendo a efecto de constatar de manera expedita los hechos ocurridos en el centro y tomar las medidas correspondientes para hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen, coacción y restricción innecesaria para la seguridad individual de los menores.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió de forma unánime un recurso de exhibición personal correctivo a favor de todos los menores infractores que se encuentran en el centro Renaciendo, ubicado en Támara, Francisco Morazán.
El oficio con número 1079-2019 busca salvaguardar la seguridad individual de los detenidos y mantener el orden luego del amotinamiento que dejó cuatro muertos, heridos y una docena de fugados.
La jueza tendrá que consultar con personas expertas en el tema para tomar una decisión adecuada con renaciendo. José guadalupe ruelas, director de Casa Alianza
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La jueza ejecutora con amplios poderes otorgados por la Sala de lo Constitucional podría ordenar incluso el cierre de ese centro si fuera necesario, según trascendió ayer a mediodía.
Pereira deberá requerir de las autoridades un informe pertinente dentro de un plazo prudencial y enmarcado en formalidades del artículo 26 de la ley de Justicia Constitucional, debiendo emitir conclusiones e informe ante la Sala de lo Constitucional.
José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, manifestó luego de esta decisión que hay mucho que hacer en el tema de rehabilitación, pese a que se ha hecho una red de apoyo y asesoría con organizaciones de sociedad civil, algo que no existía antes.
Para Ruela, se requiere un modelo de atención y rehabilitación, pero se debe consultar a expertos para no cometer acciones que sean contraproducentes para los jóvenes, como trasladarlos a un presidio de mayores de edad.
