Tegucigalpa.
Un informe publicado el 15 de septiembre por el Gobierno de Estados Unidos incluye a Honduras dentro de la lista de "países para el tránsito y cultivo de drogas".
Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, reconoció que "es una realidad innegable" del país.
“Es innegable, es algo que vivimos y el comunicado es congruente con la realidad que tenemos, no solo en nuestro país, sino también a nivel regional”, afirmó Hernández en una entrevista.
Hernández subrayó que no hay espacio para negaciones ni respuestas viscerales frente a las observaciones de Washington.
“Tenemos que transparentarnos, hablar con la verdad. Honduras es un país de paso geográficamente y, prueba de ello, también un país productor. Nosotros hemos encontrado plantaciones de hoja de coca; lo publicamos a diario, publicamos los logros, y eso no es una falsedad, es una realidad”, dijo.
Erosión de instituciones
El jefe militar fue más allá y aceptó que el crimen organizado no solo opera en rutas y montañas, sino que ha penetrado en instituciones y sectores clave del país.
“El crimen organizado puede estar escondido en todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Lo esconden en las empresas privadas, lo esconden en los bancos. Mucha gente ni se da cuenta, de repente, ni los mismos empleados saben”, expresó.
Las palabras de Hernández no solo confirman lo que Estados Unidos ha señalado por años, sino que evidencian la profundidad del problema: el narcotráfico ya no se limita a rutas clandestinas, sino que ha infiltrado el poder político y económico del país.
“De hecho, hay ciudadanos hondureños que están extraditados y cumpliendo condena, que han figurado como empresarios, como miembros de instituciones, de la Cámara Legislativa, incluso presidentes y expresidentes”, recordó.
Esa admisión resulta particularmente significativa, considerando que en varias ocasiones el mismo Hernández ha arremetido contra la prensa cuando se han publicado investigaciones.
Hoy, sin embargo, él mismo reconoce que el crimen organizado es una amenaza directa a la sociedad hondureña y que nadie puede sentirse ajeno.
“Estamos ante una realidad, una amenaza que puede alcanzarlos no solo a ustedes, sino a un miembro de su familia, a su hijo, a su hija, directa o indirectamente”, agregó Hernández.
En su defensa, el jefe castrense destacó que las Fuerzas Armadas mantienen coordinación con Estados Unidos y que se realizan operaciones constantes en costas y fronteras.
“Hemos dado movilidad en todo el sector costero de La Mosquitia, patrullando con personal de tierra, naval y aéreo. Estamos 24/7 en las bocanas de las lagunas y desembocaduras de los ríos de la costa Atlántica, y eso nos permite tener control”, aseguró.
Añadió que el país mantiene una relación estrecha con el aparato militar estadounidense.
“Conocemos su doctrina, la hemos comprendido y la estamos aplicando. Hemos evitado ingresos fluviales, marítimos y aéreos gracias a esas alertas que nos dan”, dijo, resaltando una colaboración que ya tiene más de siete décadas.
Hernández advirtió también que los grupos criminales buscarán aprovechar el proceso electoral en curso para financiar campañas y ganar influencia política.
“Este es un año electoral. Ellos necesitan dinero para tentar a las personas que están en cargos electorales de todos los niveles. Sabemos que los ataques están dirigidos hacia las Fuerzas Armadas, hacia la Policía Nacional y hacia el Ministerio Público, también”, señaló.
El jefe militar enmarcó la lucha contra el narcotráfico como un esfuerzo regional que involucra a México, Centroamérica y países de Suramérica.
“Estamos determinados en esta lucha, en este esfuerzo conjunto regional contra el crimen organizado, que es una amenaza transnacional y que genera inseguridad regional”, declaró.
El reconocimiento del jefe de las Fuerzas Armadas es, en sí mismo, una confirmación de que lo que se había denunciado durante años ya no puede ocultarse.
Honduras enfrenta un enemigo que ha penetrado la política, la economía y la sociedad.
Y aunque Hernández asegura que se están tomando acciones, sus declaraciones son también un reflejo de que las medidas aplicadas hasta ahora no han sido suficientes para sacar al país de la lista negra.
