Luego que se dictara sobreseimiento provisional, y tras la apelación interpuesta por el Ministerio Público, la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolvió revocar dicha resolución y dictar auto de formal procesamiento contra una supuesta red conformada por nueve abogados particulares que habrían presentado ante el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (Ihtt) 78 solicitudes administrativas utilizando documentación falsificada.
La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial acusó el 10 febrero de 2025 por el delito de uso de documentos falsos a Carlos Iván Sandoval Cañadas, Julio César Fúnez Aguilar, Sonia Leticia Leiva Alvarado, Johanna Lizeth Fonseca Flores, Yahaira Dinabel Ávila, José Carlos Cálix Pacheco, Carlos Orlando Castillo Yordi, Rrayan Luna Maldonado y Fausto Obdulio Ramos Mencía, luego de una denuncia presentada en el año 2024.
Según las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía, los acusados, con el propósito de dar apariencia de legalidad a las solicitudes administrativas, habrían utilizado formularios falsificados, los cuales estaban firmados y sellados indebidamente, además de contener datos personales y números de identidad pertenecientes a otras personas.
De acuerdo con el expediente, los imputados emplearon un mismo formato en todas las solicitudes, lo que evidencia que actuaron de manera coordinada con la intención de engañar al Ihtt y hacer creer que cumplían con los requisitos legales y técnicos establecidos para el funcionamiento de los vehículos de transporte terrestre y de carga.
Las solicitudes falsas presentadas incluían peticiones para el incremento de unidades, cambio de placa de particular a alquiler, otorgamiento de permisos de explotación por primera vez, así como renovaciones de permisos de explotación, entre otros trámites.
