A las nueve de la mañana de este miércoles, el expresidente Juan Orlando Hernández e integrantes de su defensa técnica ingresaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para hacer frente a la audiencia inicial en el marco del expediente judicial conocido como Pandora II.
A eso de las 12 del mediodía, Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, expresó que la Fiscalía ha ratificado la acusación por los presuntos delitos de fraude y de lavado de activos. Sin embargo, la causa que se sigue contra el expresidente continuará el próximo martes 18 de agosto a las 9:00 a. m.
Durante esta jornada, la defensa técnica formalizará sus objeciones tras contar con el tiempo correspondiente para analizar los medios de prueba presentados en su contra por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.
Según la ratificación de los hechos, "había hecho el traslado de más de 62 millones de lempiras de varias secretarías del Estado a varias cuentas (...) que fueron utilizados estos fondos para una campaña política", expuso Carlos Silva.
También informó que la Fiscalía ya ha ofertado más de 48 medios de prueba, entre testificales y medios de prueba documentales; por su parte, la PGR presentó un video.
De acuerdo con las declaraciones de Silva, "estos documentos, entre otros, son las gacetas con acuerdos de nombramiento para la acreditación de presuntos convenios de beneficios sociales, convenios suscritos con secretarías de Estado, auditorías de ONG y los que no se llevaron a cabo logros con esas ayudas sociales, constancias de patronatos y municipalidades para la no ejecución de programas y convenios".
Asimismo, se busca demostrar la desviación de los recursos públicos. "Además, se quiere acreditar con estos medios de prueba documentales que el destino de los fondos fue diferente de cuando se llevó la Secretaría del Estado y lo utilizado en esas cuentas, que también se ha dado como medios de prueba documentales, y se estaría a la espera de que presenten algún tema de auditorías que, dado el uso de presupuesto, pudieran estarse evacuando dentro de esta audiencia inicial", añadió Silva.
Antes de comenzar la audiencia, Silva detalló las etapas que marcarán el desarrollo de la jornada procesal. El juez de la causa en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dio la apertura a esta audiencia inicial. Lo primero que se va a conocer en este caso es la ratificación de la acusación y de los delitos que le va a imputar la Fiscalía al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado”.
Silva señaló además que la calificación delictiva podría sufrir modificaciones según la tesis acusatoria del ente fiscal. “Siempre será primero la Fiscalía la que ratificará los hechos y presentará los delitos. Si ellos lo tienen a bien, también pueden presentar incidentes, nulidades y algún tipo de excepciones; posteriormente, la Procuraduría General de la República actuará en esos mismos términos”, indicó.
Posteriormente, corresponderá el turno a la representación legal del exmandatario. “Finalmente, será la defensa técnica del expresidente Hernández Alvarado la que estaría presentando sus medios de prueba y, además, algún tipo de incidentes, nulidades y excepciones. Todo eso es lo primero que se presenta”, agregó el vocero, puntualizando que, tras resolver estos recursos y admitir las pruebas presentadas, se dará paso a la evacuación del debate, las conclusiones y luego la convocatoria para emitir la resolución de la audiencia inicial.
El desarrollo del proceso de este miércoles contó con la vigilancia de organismos de sociedad civil y derechos humanos. Representantes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se hicieron presentes en la sala para observar el desarrollo del trámite, tal como lo hicieron durante la primera audiencia. De igual manera, delegados del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) dan seguimiento al proceso legal.
En cuanto al desenlace de esta audiencia inicial que concluirá el martes, el juez que conoce el caso podría dictar un sobreseimiento definitivo o provisional si considera insuficiente la carga probatoria, emitir un auto de formal procesamiento manteniendo las medidas sustitutivas a la prisión, o determinar el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva, lo que implicaría su remisión inmediata a un centro penal.
El caso, en el que el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) obtuvo un sobreseimiento definitivo, investiga el presunto desvío de unos 10.8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidía el Parlamento, fondos que supuestamente habrían sido utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.
