En medio de varias opiniones que dividen varios sectores políticos y de la sociedad, la polémica ley de Amnistía a Presos Políticos fue publicada este sábado en el Diario Oficial La Gaceta.
Una fracción de diputados en el Congreso Nacional que preside Luis Redondo, envió dicho decreto entre otros para ser sancionados por la presidenta Xiomara Castro.
El decreto permite la amnistía “incondicional” a los presos políticos, este mismo incluye a funcionarios públicos que fungieron incluso, en períodos antes del Golpe de Estado, serían beneficiados.
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El diputado del Partido Libre, Rasel Tomé, publicó en sus redes sociales los decretos aprobados. Algunos de ellos con opiniones diferidas a favor y en contra, específicamente la otra fracción del Congreso Nacional presidida por Jorge Cálix, quienes afirman todas son aprobadas ilegitimamente.
Ilegalidad
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Consejo Hondureños de la Empresa Privada (Cohep) se pronunciaron en contra del decreto de Amnistía que en un transfondo se convierte en nuevo “Pacto de Impunidad”.
En los gobiernos anteriores, el CNA ha denunciado estos pactos aprobados en el Legislativo, por lo que ante este nuevo gobierno, sectores siguen aplaudiendo la postura del ente antigubernamental, mientras que otra parte específicamente política les cuestionan.
El CNA también exhortó al Congreso Nacional de Luis Redondo a abstenerse a aprobar leyes mientras se resuelva su legitimidad que divide con Jorge Cálix.
Por otra parte el Partido Salvador de Honduras (PSH), se mostró en contra de la postura de la junta del Partido Libre en aprobar un decreto considerado lesivo para la institucionalidad del país.
La segunda designada presidencial, Doris Alejandrina Gutierrez expresó su postura ante el decreto que ahora se ha publicado.
Expertos en derecho coinciden en que el polémico decreto llamado Ley de la Amnistía para la Liberación de los Presos Políticos y los Presos de Conciencia aprobado por el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo fue muy mal estructurado, deja vacíos y opiniones subjetivas.
Son 29 delitos los que incluye la amnistía a presos políticos y funcionarios en la administración 2006-2009 de Manuel Zelaya, establecido en el artículo 5 del proyecto aprobado en el Legislativo y que ahora deberá ser revisado por la presidenta Xiomara Castro.
“La intención es buena, pero la redacción del proyecto y su estructura está plagada de errores. Hacer eso tiene enormes riesgos, ya que la amnistía por delitos políticos es distinta a delitos comunes, hay otro problema y es que deja una apreciación subjetiva.
