Diputados de la bancada del Partido Salvador de Honduras se reunieron de emergencia este viernes para socializar una vez más el el decreto de Aministía para la Liberación de Presos Políticos aprobado recientemente y que ha generado controversia entre los distintos sectores en el país.
Tomás Ramírez, uno de los parlamentarios del PSH, dijo que revisarán cada detalle del decreto para asegurarse de que cumpla con el objetivo de beneficiar únicamente en el tema político.
“Apoyamos el decreto porque es una promesa de la presidenta Xiomara Castro y se había asegurado con el Alto Comisionado y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) para que los beneficios fueran para los afectados en el tema político”, comentó el legislador.
“Nos preocupa que el espíritu del decreto sea para personas que han delinquido o que han hecho actos de corrupción y que después sean liberados”, añadió Ramírez.
El congresista Carlos Umaña aseveró que “el PSH no firmó ningún pacto de impunidad, más bien sugirió un freno para que esta situación tuviera el acompañamiento interinstitucional, de tal forma que se demuestre realmente que hubo incriminaciones por su ideología política. Esta amnistía no aplica para personas que cometieron actos de corrupción y como PSH vamos a solicitar una veeduría por una organización de derechos humanos internacional para que no haya un abuso de esto”.
El analista Jorge Yllescas manifestó que “en este momento no tenemos Congreso, ninguna junta directiva es válida y por lo tanto cualquier decreto que se apruebe allí carece de legalidad. No importa que Xiomara Castro le dé el visto bueno a Luis Redondo, ella no tiene autoridad para reconocer a la junta directiva del Congreso”.
“Para comenzar, este decreto aprobado allí es totalmente erróneo, puesto que no debe contemplar delitos comunes, eso está totalmente claro, además hay que resolver en primera instancia el conflicto interno al interior del Poder Legislativo”, precisó.
Empresarios, académicos, políticos y organizaciones que luchan contra la corrupción repudiaron la aprobación de un nuevo pacto de impunidad fraguado en el Congreso Nacional que preside el diputado Luis Redondo.
El decreto legislativo otorga amnistía a presos políticos y funcionarios vinculados a la administración de Manuel Zelaya entre 2006 y 2009.
Hay quienes afirman que la polémica ley tiene nombre y apellido: los diputados Edgardo Casaña y Rasel Tomé, quienes fueron condenados por la justicia por su implicación en actos de corrupción y al exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, prófugo de la justicia.
Un estudio hecho por el Consejo Nacional Anticorrucpición (CNA) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) detalla que la amnistía contiene 29 delitos, la mayoría de orden común y no están relacionados con asuntos políticos. Entre estas figuras delictivas se encuentran: falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, fraude, terrorismo y enriquecimiento ilícito.
“No se pueden sentar precedentes que servirán como herramientas para en el futuro provocar impunidad en el país”, advirtió el Cohep en un comunicado.
Dentro del mismo gobierno están en desacuerdo con lo aprobado por el CN de Redondo. El ministro de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, calificó el decreto como “un nuevo pacto de impunidad”. Por su lado, Odir Fernández, del CNA, aseveró que “se está beneficiando a todo funcionario que durante 2006 a 2009 participó dentro de la administración pública y cometió hechos delictivos en contra de la administración pública”.
