03/12/2022
12:01 AM

Más noticias

Sectores repudian amnistía que libera a los presos políticos de 2006 a 2009

Casi 30 delitos serían blindados en el proyecto de la amnistía para la liberación de presos políticos, denuncian sectores. En el mismo gobierno de Xiomara condenan lo aprobado.

Tegucigalpa. Empresarios, académicos, políticos y organizaciones que luchan contra la corrupción repudiaron ayer la aprobación de un nuevo pacto de impunidad fraguado en el Congreso Nacional que preside el diputado Luis Redondo.

El decreto legislativo otorga amnistía a presos políticos y funcionarios vinculados a la administración de Manuel Zelaya entre 2006 y 2009.

Hay quienes afirman que la polémica ley tiene nombre y apellido: los diputados Edgardo Casaña y Rasel Tomé, quienes fueron condenados por la justicia por su implicación en actos de corrupción y al exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, prófugo de la justicia.

Un estudio hecho por el Consejo Nacional Anticorrucpición (CNA) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) detalla que la amnistía contiene 29 delitos, la mayoría de orden común, y no están relacionados con asuntos políticos.

Entre estas figuras delictivas se encuentran: falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, fraude, terrorismo y enriquecimiento ilícito.

“No se pueden sentar precedentes que servirán como herramientas para en el futuro provocar impunidad en el país”, advirtió el Cohep en un comunicado.

Únicamente refleja una situación de impunidad similar a las acciones ejecutadas por el anterior Congreso Nacional, señala.

Dentro del mismo gobierno están en desacuerdo con lo aprobado por el CN de Redondo.

El ministro de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, calificó el decreto como “un nuevo pacto de impunidad”. Odir Fernández, del CNA, aseveró que “se está beneficiando a todo funcionario que durante 2006 a 2009 participó dentro de la administración pública y cometió hechos delictivos en contra de la administración pública”.

La diputada Silvia Ayala, presidente de la Comisión de Dictamen, dejó en claro que no se está blindando a nadie, ya que “no hay tal pacto de impunidad porque para acogerse el decreto de amnistía debe acreditarse el contexto político de la acusación, lo cual se hará mediante constancia extendida por la Secretaría de Derechos Humanos y el Cofadeh.

Discutían perdón a Cálix y a expulsados

TEGUCIGALPA. La crisis política en el Congreso Nacional continuaba anoche sin tener un panorama claro, aunque había indicios de solución al anunciar las partes la presencia en la cita de la mandataria Xiomara Castro.

En horas del mediodía los 17 diputados expulsados del partido Libertad y Refundación (Libre), liderados por Jorge Cálix, se reunieron en un lugar que no quisieron identificar para discutir los puntos que serían tratados en la reunión con la cúpula del partido Libre.

Como Cálix ya depuso su cargo como presidente del Congreso, el punto clave en la discusión era determinar su destino.

Según versiones de prensa no desmentidos, existía la posibilidad de que Cálix acepte un cargo en el servicio exterior y que el resto de sus compañeros ocupen posiciones en la directiva de Redondo.