Expertos en derecho coinciden en que el polémico decreto llamado Ley de la Amnistía para la Liberación de los Presos Políticos y los Presos de Conciencia aprobado por el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo fue muy mal estructurado, deja vacíos y opiniones subjetivas.
Son 29 delitos los que incluye la amnistía a presos políticos y funcionarios en la administración 2006-2009 de Manuel Zelaya, establecido en el artículo 5 del proyecto aprobado en el Legislativo y que ahora deberá ser revisado por la presidenta Xiomara Castro.
“La intención es buena, pero la redacción del proyecto y su estructura está plagada de errores. Hacer eso tiene enormes riesgos, ya que la amnistía por delitos políticos es distinta a delitos comunes, hay otro problema y es que deja una apreciación subjetiva.
Tanto el Cofadeh como Derechos Humanos tienen un papel de calificación o certificación, ellos dirán qué personas tienen persecuciones, pero es un tema que le compete solo a jueces, debe haber una ley clara, ya que no tiene que ser una oenegé o una dependencia del Ejecutivo que emita ese tipo de documentos.
La Cicih tendrá limitadas sus acusaciones y no harán algo absolutamente general, unos van a ser excluidos y por eso es tan polémico”, dijo el abogado Raúl Pineda Alvarado.
El presidente del Claustro de Profesores de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Jorge Herrera, consideró que “la forma en que está redactada la ley tiene un error, pues está la intención de favorecer. La inclusión de Derechos Humanos violenta la independencia y el papel de un juez, ya que no se puede depender de un órgano como tal”.
Es claro que decir que la amnistía propicia un olvido de cualquier delito de orden político o común y lo otorga el Congreso Nacional, por ello, “si viene la Cicih los que estuvieron en ese período -2006 a 2009- no podrían ser investigados. La recomendación es que la Corte Suprema de Justicia haya dado una opinión sobre esto, me parece que se desvía la finalidad por la cual aprueba el Congreso Nacional con ciertos pretextos de personas que han luchado como los de Guapinol, por ejemplo, cualquiera podrá poner la excusa y ampararse”, pormenorizó el abogado Rafael Canales, exvicepresidente del Colegio de Abogados (CAH).
El decreto se aprobó en la misma sesión en que se dio luz verde a la solicitud de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (Cicih), es por ello que deben cuidar el supuesto discurso de lucha contra la corrupción que han enarbolado, expresa el presidente del Colegio de Abogados, Fredis Cerrato.
“Estamos pidiendo que se instale la Cicih y justamente se quiere que no se dé un mensaje de impunidad, este Congreso debe de actuar prudentemente y creo que no era necesario hacer esto porque hay un tipo de delitos que no encajan dentro de los políticos”, finalizó.
