El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, anunció que el país oficializará el próximo 6 de marzo su reincorporación al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Grupo del Banco Mundial (BM).
"El 6 de marzo estaremos en Washington para firmar (la reincorporación). Es parte de la seguridad jurídica que debemos ofrecer a la inversión", subrayó el mandatario a los periodistas.
La suscripción del documento tendrá lugar en la sede del Banco Mundial en la capital estadounidense, tres semanas después de que Asfura solicitara formalmente el reingreso mediante una misiva dirigida a la secretaria general del Ciadi, Martina Polasek.
En dicha carta, el Ejecutivo hondureño manifestó su disposición a cumplir con los "requisitos y procedimientos del Convenio del Ciadi" para tramitar la solicitud de manera inmediata.
Con esta medida, el gobernante hondureño, quien asumió el poder el pasado 27 de enero, busca emitir una señal de confianza a los mercados internacionales y reactivar la inversión extranjera directa, tras un periodo de tensiones entre el Estado y el sector privado.
El retorno al Ciadi revierte la decisión del Gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, quien en febrero de 2024 denunció el convenio al considerar que el organismo socavaba la soberanía nacional.
En aquel momento, la Procuraduría General de la República (PGR) argumentó que la salida de Honduras buscaba "salvaguardar las finanzas públicas, corregir el desequilibrio que favorece a inversionistas extranjeros y perjudica a los inversionistas nacionales" y poner fin al "terrorismo de litigación".
Según la PGR, en el sistema existe un “sesgo mediático corporativo, que se manifiesta a favor de ceder la soberanía a las empresas transnacionales que sin derecho alguno están demandando al Estado para que les pague sumas multimillonarias de dinero”.
Sin embargo, la nueva administración de Asfura apuesta por el arbitraje internacional como herramienta clave para garantizar la competitividad y la estabilidad jurídica del país.
