Tegucigalpa, Honduras.
El Poder Ejecutivo anunció ayer que las reformas a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito será “analizada a profundidad” antes de tomar la decisión de sancionarla o vetarla.
“Se espera recibir de parte del Poder Legislativo la reforma de la Ley de Extinción de Dominio aprobada anoche, la cual será analizada a profundidad antes de tomar la decisión que corresponda en ejercicio de las facultades constitucionales”, señaló Casa Presidencial en su cuenta de Twitter.
El Poder Ejecutivo reiteró su compromiso con la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, lavado de activos y la impunidad.
Aseguró que esta política ha permitido ir recuperando y fortaleciendo el Estado de derecho en el país.
La iniciativa ha despertado las críticas de diversos sectores de la sociedad que consideran que con ello se está fortaleciendo la impunidad y favoreciendo a los corruptos.
Al respecto, Reinaldo Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y presidente del Partido Nacional, defendió que los nacionalistas se han caracterizado por ser impulsadores de las luchas anticorrupción en el país.
Por su lado, el diputado nacionalista Reinaldo Ekónomo, quien formó parte de la comisión de dictamen, aseveró que la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito violentaba el principio de la presunción de inocencia de los imputados, pues se les despojaba de sus bienes sin antes ser vencidos en juicio.
El legislador esgrimió que esa ley “era inconstitucional por incautar bienes de las personas solo por ser sujetas de investigación en torno a la presunta comisión de un delito”.
Aseguró que la enmienda no lleva dedicatoria ni es para favorecer grupos económicos ni beneficia a nadie que tenga un proceso anterior.
“La l ey no tiene efecto retroactivo, por lo que se aplicará una vez que entre en vigencia hacia adelante”, señaló.
Argumentó que al momento que se le incautaban bienes a una familia, las autoridades sacaban de sus casas a sus hijos, esposa, abuelos y hasta a personas que estaban con incapacidad física o mental, y estas se quedaban sin un lugar donde vivir, pero con la reforma se quitan esos excesos.
Ahora, estas personas deben ser vencidas en juicio y luego se procede a incautar.
El Poder Ejecutivo anunció ayer que las reformas a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito será “analizada a profundidad” antes de tomar la decisión de sancionarla o vetarla.
“Se espera recibir de parte del Poder Legislativo la reforma de la Ley de Extinción de Dominio aprobada anoche, la cual será analizada a profundidad antes de tomar la decisión que corresponda en ejercicio de las facultades constitucionales”, señaló Casa Presidencial en su cuenta de Twitter.
El Poder Ejecutivo reiteró su compromiso con la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, lavado de activos y la impunidad.
Aseguró que esta política ha permitido ir recuperando y fortaleciendo el Estado de derecho en el país.
La iniciativa ha despertado las críticas de diversos sectores de la sociedad que consideran que con ello se está fortaleciendo la impunidad y favoreciendo a los corruptos.
Al respecto, Reinaldo Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y presidente del Partido Nacional, defendió que los nacionalistas se han caracterizado por ser impulsadores de las luchas anticorrupción en el país.
Por su lado, el diputado nacionalista Reinaldo Ekónomo, quien formó parte de la comisión de dictamen, aseveró que la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito violentaba el principio de la presunción de inocencia de los imputados, pues se les despojaba de sus bienes sin antes ser vencidos en juicio.
El legislador esgrimió que esa ley “era inconstitucional por incautar bienes de las personas solo por ser sujetas de investigación en torno a la presunta comisión de un delito”.
Aseguró que la enmienda no lleva dedicatoria ni es para favorecer grupos económicos ni beneficia a nadie que tenga un proceso anterior.
“La l ey no tiene efecto retroactivo, por lo que se aplicará una vez que entre en vigencia hacia adelante”, señaló.
Argumentó que al momento que se le incautaban bienes a una familia, las autoridades sacaban de sus casas a sus hijos, esposa, abuelos y hasta a personas que estaban con incapacidad física o mental, y estas se quedaban sin un lugar donde vivir, pero con la reforma se quitan esos excesos.
Ahora, estas personas deben ser vencidas en juicio y luego se procede a incautar.
