Lo que comenzó como un retraso administrativo terminó convirtiéndose en una alerta financiera dentro del Poder Judicial. La institución arrastra desde julio de 2024 una millonaria deuda por parte del Estado que ya supera los 1,200 millones de lempiras, según confirmaron magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Mario Díaz, magistrado de la Sala Penal, reconoció que la mora en las transferencias que debe realizar la Secretaría de Finanzas (Sefin) está afectando directamente la operatividad del sistema judicial.
"Esta situación se mantiene desde hace algún tiempo y realmente es una lástima, en el sentido de que el Poder Judicial no puede funcionar adecuadamente, porque se necesitan recursos para distintos proyectos: de construcción, nuevos nombramientos, de dotar a los juzgados y tribunales en materia logística; es una situación que tenemos que ir resolviendo con las nuevas autoridades del gobierno de la República", indicó Mario Díaz.
De acuerdo con Díaz, el dinero pendiente afecta proyectos de construcción, nuevos nombramientos y el equipamiento logístico de juzgados y tribunales, lo que limita la capacidad de respuesta del sistema de justicia.
Aunque no existe una cifra oficial actualizada, el último cálculo conocido rondaba los 1,200 millones de lempiras, una suma que el magistrado calificó como “un impacto muy fuerte para las arcas del Poder Judicial”, afirmó Díaz.
Preocupación por salarios y contrataciones
La situación también amenaza decisiones administrativas clave dentro de la institución, entre ellas la contratación de más jueces y juezas, una necesidad que el propio Poder Judicial ha identificado para reducir la carga de casos.
El panorama presupuestario actual, sin embargo, ha frenado estos procesos.
A esto se suma la incertidumbre sobre el ajuste salarial anual que reciben los empleados, el cual debe aplicarse en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
“Hay bastante preocupación sobre cómo vamos a pagar. En algún momento habrá que atender con los propios recursos del Poder Judicial, los ahorros que se tienen, pero no es lo adecuado porque son dineros destinados para otros proyectos”, explicó Díaz.
Una deuda que se arrastra desde 2024
El problema no es nuevo. En diciembre de 2024, Rebeca Ráquel, presidenta del Poder Judicial, reveló que la institución llevaba cinco meses sin recibir las transferencias correspondientes desde junio de ese mismo año.
Posteriormente, en junio de 2025, Norma Cruz, representante de los empleados judiciales, informó que la deuda acumulada ya alcanzaba 1,464 millones de lempiras.
Desde entonces se han realizado pagos parciales, pero inferiores a lo que establece la ley, por lo que la mora seguiría rondando los 1,200 millones de lempiras.
Las autoridades del Poder Judicial sostuvieron recientemente un primer acercamiento con el gobierno del presidente Nasry Asfura para abordar el tema.
Sin embargo, hasta ahora no existe una respuesta oficial ni un calendario claro de pago, mientras la institución advierte que la falta de recursos podría afectar el funcionamiento de la justicia en el país.
