La Coalición por la restitución de derechos de la niñez en conflicto con la ley y plataforma de organizaciones en defensa se pronunciaron este martes ante la falta de presupuesto del Instituto Nacional de Menores Infractores (Inami) para cumplir con las obligaciones de alimentación, atención, educación y salud.
Denunciaron que el Gobierno saliente no cumplió con la obligación de realizar las transferencias presupuestarias necesarias para que se asegure la operatividad y cumplimiento de deberes ante las niñas y los niños en conflicto con la ley y el personal laborante.
“Lamentamos que dicha irresponsabilidad pueda producir consecuencias negativas y perjudiciales a la niñez. Además que las autoridades del Inami no hayan realizado acciones oportunas y contundentes para garantizar su funcionamiento y servicios, a fin de anular cualquier amenaza de vulneración, así como el aviso apremiante de la situación a la sociedad civil”, detallaron mediante un comunicado.
Las Coalición y organizaciones instaron al Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que en el marco de sus obligaciones garantice la protección y derechos de las niñas y niños en conflicto con la ley y de manera urgente dé respuesta al problema suscitado, evitando efectos negativos, riesgos y situaciones lamentables.
También demandaron de forma inmediata la transferencia de recursos presupuestarios que aseguren el funcionamiento adecuado del Inami, el cumplimiento del plan “Tengo futuro”, que implica la aprobación e implementación de la política nacional para la reinserción de adolescentes en conflicto con la ley y el plan de restitución de sus derechos, el cual fue presentado a la Comisión de Transición el pasado 15 de enero de 2022 para ejecutarse en los primeros 100 días de gobierno.
En cuanto al Inami, se pidió prevenir cualquier incidente de violencia que ponga en riesgo la vida e integridad física de las niñas y niños privados de libertad bajo su custodia, ante la insatisfacción de sus derechos y desmotivación o indisposición de sus empleados por falta del pago de salario.
Al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh); al Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; así como a la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez se instó mantenerse vigilantes del respeto de los menores, principalmente de quienes se encuentran privados de libertad.
