El nuevo secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, confirmó que el gobierno de Nasry Asfura retomará el fideicomiso en el sector salud como herramienta inmediata para fortalecer la red hospitalaria del país y reducir la mora quirúrgica. Al mismo tiempo, ratificó una apuesta estratégica por atraer inversión al valle de Sula.
García explicó que se trabaja en un proceso de descentralización, particularmente en salud y educación, para fortalecer los Cesares (Centros de Salud Rurales), Cesamos (Centros de Salud con Médico y Odontólogo) y hospitales públicos.
Detalló que equipos técnicos ya realizaron recorridos por distintos hospitales para evaluar necesidades de equipamiento, y que el fideicomiso permitirá no solo la compra de medicamentos, sino también de tecnología médica, como tomógrafos, equipos de rayos X y otros insumos clave.
El funcionario indicó que el mecanismo se ejecutará inicialmente por un año bajo un esquema con Banco de Occidente, similar al aplicado en administraciones anteriores, y que posteriormente se realizará un proceso de licitación para el segundo año.
“Por el momento solo es este fideicomiso, porque ha dado buenos resultados y ha permitido acceder de forma expedita a los medicamentos; ahora lo ampliaremos”, afirmó
En materia económica, García señaló que el gobierno ha intensificado el acercamiento con el sector empresarial de la zona norte, tras reuniones con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.
Aseguró que, luego de recientes gestiones internacionales del presidente electo, se ha generado interés de capitales en sectores productivos, particularmente en la industria de arneses y manufactura, con empresas que evalúan invertir en el Valle de Sula.
“El objetivo es generar la inversión que el país necesita, especialmente en la zona norte, donde el sector empresarial ha sido clave para construir confianza y dinamizar la economía”, concluyó.
Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, la Secretaría de Salud operó un fideicomiso con el Banco de Occidente para ejecutar compras de medicamentos e insumos mediante un esquema distinto al de la contratación estatal tradicional.
El modelo buscó acelerar adquisiciones y garantizar pagos a proveedores; además, contempló apoyo de agencias como Unops (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), OPS (Organización Panamericana de la Salud), UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) y Comisca (Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana), según el Decreto PCM-021-2018 publicado en La Gaceta, bajo el cual se rigió.
En la práctica, el banco actuaba como fiduciario y se emitían procesos de compra con reglas mercantiles y manuales propios del fideicomiso.
Sus defensores argumentaron que reducía riesgos de corrupción y mejoraba el abastecimiento; sin embargo, informes y auditorías advirtieron desafíos de control y el impacto institucional de delegar funciones públicas a terceros.
