Por los presuntos delitos de fraude y abuso de autoridad, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Ninfa Suyapa Flores, quien se desempeñó como directora del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI).
A la exdirectora del INAMI se le supone responsable de los delitos de fraude y abuso de autoridad por omisión, en perjuicio de la administración pública.
Asimismo, fueron requeridas Alejandra Giselle Ponce Moncada y Eunice Yamileth Perdomo Aguilar, a quienes se les supone responsables del delito de abuso de autoridad por omisión en perjuicio de la administración pública.
De igual forma, Lennin Edgardo Coello Martínez, Kristel Monserrat Pérez Flores y Carlos Humberto Rivera Mejía fueron requeridos por suponerlos responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
Antecedentes
La exfuncionaria Ninfa Suyapa Flores había sido denunciada anteriormente por presunto acoso laboral contra dos abogadas.
De acuerdo con las denuncias e investigaciones relacionadas con ese caso, Flores habría utilizado su posición jerárquica para ejercer presiones y actos de hostilidad contra las denunciantes, en un contexto que, según las autoridades, vulneró sus derechos laborales.
Según los hechos expuestos por las autoridades, el 4 de junio de 2024, durante una reunión en las oficinas del INAMI, Flores presuntamente obligó a las afectadas a firmar sus renuncias mediante amenazas y expresiones denigrantes.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha precisado si los hechos relacionados con la denuncia por presunto acoso laboral forman parte del requerimiento fiscal presentado por los delitos de fraude y abuso de autoridad.
Según los hechos expuestos por las autoridades, el 4 de junio de 2024, durante una reunión en las oficinas del INAMI, Flores presuntamente obligó a las afectadas a firmar sus renuncias mediante amenazas y expresiones denigrantes.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha precisado si los hechos relacionados con la denuncia por presunto acoso laboral forman parte del requerimiento fiscal presentado por los delitos de fraude y abuso de autoridad.
