El Ministerio Público solicitó este jueves se declare la inconstitucionalidad por la vía de acción (por razones de forma y contenido) del decreto legislativo No. 93-2021 publicado en el diario oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 01 de noviembre del año 2021, relativo a la figura de lavado de activos.
El decreto fue aprobado a finales del año 2021 y desde entonces varios procesados han quedado en libertad, beneficiándose así de las últimas reformas.
La Fiscalía indicó que el Congreso Nacional, al haber aprobado dicho decreto mediante el cual se reforma el artículo 439 del Código penal, así como el 2, 26, 29, 30 y 47 de la Ley Especial Contra el Delitos de lavado de Activos, contravino tratados internacionales y sin haber escuchado previamente la opinión de la Corte Suprema de Justicia.
El ente fiscal sostuvo que al no haberse oído la opinión de la Corte Suprema de Justicia, se ha incumplido por parte del Congreso un requisito de forma previsto en la ley fundamental, en virtud de lo cual “debe proceder la derogación de dicho decreto”.
Con la reforma del artículo 439 del Código Penal hecha mediante el decreto 93-2021 se eliminó parte de su contenido, suprimiendo varios delitos precedentes o conductas delictivas que para efectos del tipo penal reprochaba inicialmente este artículo, específicamente lo siguiente: enriquecimiento ilícito cometidos por él o por un tercero, que no tenga causa o justificación económica o justificación lícita de su procedencia.
El Ministerio Público considera que el contenido de la reforma es una garantía de impunidad concedida por el Legislativo a la delincuencia organizada y de “cuello blanco”, además pretende impedir la obligación del Estado contraída en los convenios internacionales en cuanto a establecer y fomentar prácticas eficaces y encaminadas a prevenir este flagelo, así como realizar la investigación y persecución de delitos.
“Las reformas actualmente aprobadas tanto a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos como al Código Penal se traducen en una franca contradicción con la norma suprema y conlleva la violación a la efectiva observancia de los postulados previstos en las convenciones internacionales supra relacionadas suscritos por el Estado. Esto es considerado una jurisdicción riesgosa y asociada a la falta de transparencia en las actividades y cumplimiento de los estándares internacionales, generando un impacto negativo en la lucha contra la criminalidad organizada”, subrayó la Fiscalía.
