La polémica generada por el video en el que aparece el alcalde de Yuscarán, El Paraíso, Johny Alejandro Carrasco, consumiendo bebidas alcohólicas y fumando dentro de un salón municipal continúa escalando y ya llegó a conocimiento de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
El gobernador departamental de El Paraíso, Mario Alvarenga, confirmó que el caso será analizado por las autoridades competentes luego de que el propio edil reconociera la autenticidad de las imágenes y ofreciera disculpas públicas por lo ocurrido.
Según Alvarenga, antes de adoptar cualquier decisión administrativa se escucharán todas las versiones relacionadas con el incidente. El funcionario indicó que sostendrán una reunión con el alcalde para conocer de primera mano su explicación sobre los hechos.
“Nos reuniremos cara a cara con el alcalde para escuchar su versión de los hechos, porque si algo aprendimos en Gobernación es que siempre hay dos versiones de la historia”, manifestó el gobernador.
La difusión del video también provocó reacciones dentro del Partido Nacional. La diputada por Francisco Morazán, María José Sosa, cuestionó duramente la conducta del jefe edilicio y consideró que es incompatible con el ejercicio de un cargo público.
La congresista afirmó que utilizar instalaciones municipales para actividades de esa naturaleza afecta la institucionalidad y la imagen de los funcionarios ante la ciudadanía. Además, calificó el comportamiento del alcalde como una acción que no debe repetirse en la administración pública.
Sosa sostuvo que el caso podría ser evaluado bajo el artículo 39 de la Ley de Municipalidades, normativa que contempla sanciones e incluso la remoción del cargo para alcaldes que incurran en actos considerados inmorales durante el ejercicio de sus funciones.
Por su parte, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez, señaló que la conducta observada en el video contradice los principios éticos que deben regir a los servidores públicos. Sin embargo, aclaró que el hecho, según la información conocida hasta ahora, no constituye un delito.
Mientras las autoridades analizan el caso, el incidente continúa generando debate entre distintos sectores de la sociedad, que exigen transparencia sobre las acciones que podrían adoptarse y el alcance de las posibles sanciones contra el alcalde de Yuscarán.
