Un presupuesto adicional cercano a los 1,100 millones de lempiras y varias reformas a una serie de leyes solicitará la Secretaría de Seguridad al Gobierno para echar a andar el plan antiextorsión, por lo que se deberá buscar después el apoyo y aprobación del Congreso Nacional.
LA PRENSA tuvo acceso al Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión que se presentará mañana en Casa Presidencial.De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado, son ocho ejes estratégicos en los que se deben trabajar para combatir el delito.
Entre estos está el operativo, con la integración de equipos especiales y tecnológicos, para mejorar la inteligencia digital, reformas a las leyes relacionadas con la extorsión y hacer trabajo comunitario en las zonas más afectadas.
Se plantean reformas al sistema penitenciario, debido a que desde ahí se planifican y ejecutan operaciones extorsivas, así como una gestión interinstitucional y hacer trabajo educativo. Para ello, las autoridades aseguran necesitar un presupuesto millonario.
618 millones serían para equipos tecnológicos, 134.1 millones para contratación de 500 nuevos policías, 135 millones para el alquiler de 200 vehículos y cinco millones para capacitaciones.
Para el pago de información en trabajos de inteligencia se requieren L24 millones, 10.8 millones para gastos de funcionamiento y 60 millones para contratar a 500 funcionarios adicionales.
Integral
El objetivos de este plan es afectar las estructuras criminales en sus componentes financieros y logísticos, proporcionando a los operadores de justicia los elementos necesarios para que cumplan con el ejercicio de la acción penal pública, detalla la propuesta.
También se busca la integración de todos los entes estatales involucrados, creando una comisión integral de afectación a la extorsión y delitos conexos.
Seguridad pedirá reformas al Código Penal, en el artículo 374 se debe incorporar tácitamente: “Recomienda incorporar que comete el delito de extorsión quien recolecte de forma personal, por medio de transferencias electrónicas o a través de cuentas de instituciones financieras y bancarias, billeteras electrónicas, cobros forzados”.
De esta comisión serían parte la Policía Nacional, el Ministerio Público, los jueces de jurisdicción nacional, el Registro Nacional de las Personas (RNP), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), entre otras instituciones.
Flagelo
Cada mañana los conductores de buses salen temprano de sus hogares para trabajar, pero el temor a ser víctimas de la delincuencia no los deja trabajar en paz.
Estudio
Cerca de 206,000 hogares hondureños han sido víctimas de extorsión en 2022, de acuerdo con un estudio presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ). En promedio, cada víctima de extorsión paga L87,427 cada año. Se estima que 99% de los casos de extorsión nunca se denuncian.
Cansado del cobro de extorsión y la falta de apoyo de las autoridades de Seguridad, los conductores de la capital pararon su servicio a eso de las 9:00 am y, dos horas después, realizaron una masiva movilización hasta Casa Presidencial.
“Ya no aguantamos más, estamos por colapsar. Vamos a llegar a un punto que el transporte ya no podrá seguir operando por este problema de la extorsión, ya es tiempo que el gobierno se manifieste y haga algo por nosotros”, expresó Eduardo Ruiz, dirigente del transporte suburbano.
En la capital los conductores de algunas rutas son extorsionados hasta por cinco grupos criminales. Los delincuentes cobran de 400 a 1,200 lempiras a la semana a cada bus en la capital, que ronda los 1,600 unidades. Anoche serían recibidos en Presidencial.
