Tegucigalpa
Los integrantes de la Junta Proponente para la elección del fiscal del Estado deberán elegirse bajo cuatro criterios de idoneidad y transparencia, según lo establecieron las autoridades de la Corte Suprema de Justicia en la convocatoria oficial.
Es decir que las organizaciones que la integran deben elegir a representantes que no cuenten con investigaciones ni procesos en curso por violaciones de derechos humanos, delitos contra la administración pública, lavado de activos y narcotráfico, entre otros.
Además –los integrantes de la Junta- debe ser personas que no ostenten cargos directivos en partidos políticos o que ostenten cargos públicos de elección directa. Asimismo, que no hayan incumplido contratos con el Estado y que tampoco figuren de oferentes en procesos de adjudicación.
El cuarto criterio es que no sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la Presidenta de la república y los designados a la Presidencia de la república, diputados al Congreso Nacional, altos funcionarios de la administración pública, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la república.
Proceso
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel, hizo la convocatoria para que las otras seis organizaciones elijan a su representante en la Junta Proponente que elegirá al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto del Estado.
Aparte de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, esta Junta Proponente estará integrada por un magistrado más de la Corte, un miembro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), otro de las universidades privadas. Además, uno del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos; y un representante de las organizaciones de Sociedad Civil.
La titular del Poder Judicial instó a que las organizaciones integrantes de la Junta Proponente tomen como base los lineamientos aplicados en la selección de sus representantes, tal y como se hizo en la conformación de la Junta Nominadores de la recién electa Corte Suprema de Justicia (2023-2030).
“El trabajo previo que se debe de hacer es que la Corte nombre a través del pleno de magistrados a un magistrado para que integre la Junta Proponente”, dijo Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.
Dado que las acreditaciones deberán enviarse antes de la medianoche del 22 de mayo de 2023 a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, se vuelve una carrera contrarreloj, especialmente en el caso de la nominación del representante de la Sociedad Civil, teniendo en cuenta la cantidad de organizaciones.
Para ello deberían de realizar una asamblea, similar al proceso de la Junta Nominadora para la elección de la Corte y decidir quién será su representante.
“A raíz de la convocatoria de la presidenta de la Corte Suprema decidimos elegir el próximo lunes a nuestros representantes para que integren la comisión que propondrá a los candidatos a ser fiscales del Ministerio Público”, manifestó el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales.
Carlos Hernández, titular de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), declaró: “Nos toca urgir, demandar a la Secretaría de Gobernación para que pueda convocar lo más pronto posible a las organizaciones de sociedad civil, legalmente inscritas”.
La diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras, espera que se lleve a cabo un proceso transparente con audiencias públicas.
El fiscal general Óscar Chinchilla cesa en su cargo el 1 de septiembre de 2023. Es el Congreso Nacional el que deberá elegir el nuevo fiscal y fiscal adjunto.
