Tegucigalpa
La potestad otorgada mediante el decreto ejecutivo PCM 22-2023 a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para investigar el patrimonio económico de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, vendrá a debilitar la institucionalidad, según el criterio de varios sectores de la sociedad.
Sin embargo, esa facultad de investigar a los funcionarios públicos por ley le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), siendo esto así las acciones que ha emprendido la CNBS desde la semana anterior está creando una paralela al TSC y una dualidad de funciones al respecto.
“Esa potestad solo la tiene el Tribunal Superior de Cuentas para poder hacer investigaciones patrimoniales, tal como manda la Constitución (de la República) y la ley”, reiteró José Juan Pineda, magistrado presidente del TSC.
Pineda fue enfático al decir: “Obviamente, habría una inobservancia a la Constitución de la República y a la ley, porque esa es una orden de la Constitución que el órgano contralor (TSC) es el responsable”.
En los últimos días, decenas de secretarios de Estado y diputados han desfilado por la CNBS, firmando un oficio para que este ente investigue su patrimonio.
Para el asesor legal de la Asociación para una Sociedad Justa (ASJ), Kenneth Madrid, “sin lugar a duda hay una dualidad de funciones, por el hecho que esa facultad de investigación a los funcionarios públicos la tiene el Tribunal Superior de Cuentas por disposición constitucional”.
Madrid recordó que es el TSC el ente encargado de determinar cuando hubo enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.
“Si no hay un informe del TSC que genere la responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito, el Ministerio Público (MP) no puede presentar los requerimientos fiscales que correspondan”, recalcó.
