Tegucigalpa. Un tribunal se sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción sustituyó la medida de prisión preventiva para Marcos Bográn, imputado en el caso del “Mascarillazo” durante la pandemia Covid-19.
De acuerdo al expediente 0801-2022-4-02, Bográn deberá presentarse periódicamente a firmar el libro de control de medidas o someterse al registro mediante el sistema biométrico. La presentación deberá realizarse el último viernes de cada mes, según lo establecido por el tribunal.
Entre las medidas también figura la prohibición de salir del territorio nacional. Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, el tribunal ordenó emitir las alertas migratorias correspondientes ante el Instituto Nacional de Migración.
Deberá mantener un domicilio en Honduras
La resolución establece además que Bográn deberá fijar y mantener un domicilio permanente dentro del territorio hondureño.
Asimismo, tendrá que mantener actualizada ante las autoridades la información relacionada con su dirección, número telefónico y contactos de familiares o amistades que permitan su localización.
Prisión preventiva
Con la resolución, el tribunal estableció un régimen de medidas alternativas a la prisión preventiva que Bográn deberá cumplir mientras continúa el proceso judicial.
La obligación de presentarse periódicamente constituye una de las principales disposiciones. El exfuncionario deberá acudir cada último viernes del mes para firmar el libro de control de medidas o realizar el registro correspondiente mediante el sistema biométrico.
También deberá permanecer en Honduras y cumplir las disposiciones migratorias establecidas por el tribunal.
¿De qué se acusa a Marcos Bográn?
En el denominado caso del “Mascarillazo”, el Ministerio Público acusó a Marcos Bográn, exdirector ejecutivo de INVEST-H, por presuntas irregularidades relacionadas con la compra de mascarillas durante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.
La investigación se centró en adquisiciones realizadas por la institución para atender las necesidades de protección del personal sanitario y de otras dependencias durante la pandemia.
De acuerdo con la acusación fiscal, las compras habrían sido realizadas mediante procedimientos cuestionados y con presuntas irregularidades en la determinación de los precios y las condiciones de adquisición.
La Fiscalía sostuvo que estas actuaciones habrían ocasionado un perjuicio a los fondos públicos y señaló a funcionarios de INVEST-H por su participación en el proceso de compra.
El Ministerio Público imputó a Bográn por delitos vinculados con el manejo de recursos públicos y sostuvo que, en su condición de director ejecutivo de INVEST-H, habría tenido responsabilidad en las decisiones relacionadas con estas adquisiciones.
