A raíz de los cuestionamientos de diversos sectores sociales a la amnistía para presos políticos incluida en la “Ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan”, el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, enfatizó que no implica un pacto de impunidad.
“El propósito de esta ley es condenar el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y reparar, resarcir o restituir a las víctimas del golpe de Estado en lo posible su libertad, su estado de inocencia, su integridad corporal, su dignidad, su honor y el de sus familias”, subraya el numeral uno del comunicado.
Añadió que esta normativa tiene la finalidad de contribuir a que se haga justicia.Por incorporar un conjunto de delitos comunes que no tienen relación con aspectos políticos, organizaciones de la sociedad civil tildaron esta amnistía admitida por el Congreso Nacional como un nuevo pacto de impunidad.
Por su parte, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos declaró que “nadie se opone a que le den amnistía a presos políticos, pero tratar de incluir a mansalva a todos aquellos que puedan estar involucrados en temas de corrupción eso más bien lesiona el interés ciudadano y deja en muy mal predicado a quienes la promueven”.
Proceso de selección
Por otra parte, el nombramiento de los sustitutos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) será a través de un proceso de selección transparente y no por imposiciones como en el pasado.
Así lo aseguró el diputado Jhosy Toscano, quien preside la comisión especial nominada por el Congreso Nacional dirigido por Luis Redondo para analizar las dimisiones de los exfuncionarios de estos órganos.
El pasado 27 de enero se leyeron las renuncias irrevocables a sus cargos de los abogados Rixi Moncada, como consejera del CNE, y Eduardo Enrique Reina, quien se venía desempeñando como magistrado del TJE.
