San Pedro Sula, Cortés
El 28 de agosto de 2026 debe comenzar a aplicarse la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, luego de cumplirse los 90 días que establece la normativa para que la Administración Aduanera y la Secretaría de Finanzas trabajaran en el reglamento.
El Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, publicada el 28 de mayo de 2026 mediante el Decreto 73-2026.
La normativa surge en un contexto en el que miles de hondureños han decidido retornar voluntariamente o han sido deportados al país, tras años de residir en el extranjero, donde construyeron su patrimonio.
La Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias tiene como objetivo apoyar a los ciudadanos que regresan al país mediante incentivos fiscales para la importación de bienes personales, maquinaria y vehículos. Recientemente, el Congreso Nacional amplió los beneficios.
Con las reformas aprobadas recientemente, podrán acogerse a la ley los hondureños que regresen por deportación, salida voluntaria, vencimiento o precariedad de su estatus migratorio, así como quienes decidan retornar voluntariamente para establecerse de manera permanente en el país.
También se incorpora como beneficiario al grupo familiar dependiente y se establece que la normativa aplica para hondureños retornados provenientes de cualquier país del mundo, no solo de Estados Unidos.
Asimismo, se mantienen los beneficios para importar, libres del pago de impuestos, un vehículo de uso particular y un vehículo de trabajo por grupo familiar, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley, entre ellos acreditar la propiedad de los automotores, que estos se encuentren en condiciones adecuadas para circular y que no sean vendidos o transferidos durante los primeros 12 meses.
La reforma también crea la Ventanilla Única del Retorno (VUR), integrada por diversas instituciones del Estado, con el propósito de concentrar en un solo proceso los principales trámites relacionados con el retorno, incluyendo gestiones aduaneras, migratorias y de registro vehicular. Además, permitirá el uso de firma electrónica y la representación mediante poder consular o documento apostillado.
La ley establece sanciones para quienes obtengan los incentivos mediante información falsa o cualquier conducta fraudulenta.
La legislación establece que los hondureños retornados podrán introducir al país hasta 150,000 dólares (3,988,909.50 lempiras, según el tipo de cambio de referencia), libres del pago de aranceles e impuestos por concepto de menaje de casa y enseres domésticos.
Asimismo, autoriza la importación de hasta 100,000 dólares (unos L2,659,273) en herramientas e implementos de trabajo destinados a actividades productivas o emprendimientos.
El decreto también permite la importación de un vehículo de uso particular y otro de trabajo por grupo familiar. La disposición contempla un plazo de hasta dos años para ingresar los automotores al país, incluidos modelos fabricados en 2010 o años anteriores, mediante el pago único de 10,000 lempiras.
La normativa prohíbe el ingreso de artículos considerados peligrosos o restringidos, entre ellos armas de fuego, municiones, sustancias ilícitas y bienes suntuarios o de lujo. Las autoridades indicaron que la medida busca facilitar la reinserción económica y social de las familias migrantes que retornan al territorio nacional.
Ventanilla Única del Retorno
El decreto establece la creación de la Ventanilla Única del Retorno (VUR), integrada por la Administración Aduanera de Honduras; la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Sefin), a través de la Unidad de Franquicias Aduaneras; el Instituto Nacional de Migración (INM), y el Instituto de la Propiedad (IP), mediante el Registro Vehicular.
A través de esta plataforma se podrán tramitar en línea la Declaración Jurada de Domicilio en Honduras, la solicitud de exención, la Declaración Única Centroamericana (DUCA), el despacho aduanero y el registro vehicular con la anotación de inalienabilidad. La ley también habilita el uso de firma electrónica y la representación mediante poder consular o documento apostillado.
Antes del arribo al país, el solicitante deberá presentar una lista valorada de bienes, constancia consular de residencia y pasaporte o historial migratorio. Posteriormente, la Sefin emitirá la dispensa en el sistema y se presentará la Declaración Única Centroamericana (Duca).
El plazo para acogerse a los beneficios será de hasta 12 meses desde la fecha de retorno para el menaje de casa y de hasta 12 meses para la importación de implementos de trabajo, contados a partir del ingreso al territorio nacional.
La Sefin y la Administración Aduanera deberán emitir, en un plazo de 90 días, que concluye el 28 de agosto, el Reglamento Operativo de la Exención y el listado indicativo de menaje e implementos autorizados, además de establecer lineamientos de control e interoperabilidad con el Registro Vehicular y el Instituto Nacional de Migración.
Ante posible aumento de retornados
Esta medida del Gobierno responde a la posibilidad de un incremento en el retorno de hondureños, debido a que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) ya está vigente para ciudadanos de varios países, entre ellos Honduras, y advirtió que quienes ya no cuentan con esta protección deben abandonar el país o podrían enfrentar procesos de detención y deportación.
En 2024, se estimaba que alrededor de 55,000 hondureños estaban amparados por el TPS.
LA PRENSA conversó con diputados sobre esta ley y la ampliación de los beneficios aprobados recientemente en el Congreso Nacional.
Carlos Umaña, diputado del Partido Liberal, declaró que la ampliación de los beneficios y la creación de la ventanilla única tienen como objetivo evitar trámites engorrosos.
Umaña explicó que, para que entre en vigencia la ampliación, se debe esperar su publicación en La Gaceta, pero que la ley, en teoría, ya está vigente desde mayo. Añadió que habrá que esperar que el reglamento esté listo el 28 de agosto para que comience a aplicarse.
“Esta ley es para el hondureño que venga de cualquier país del mundo retornado a Honduras, que demuestre que vivió en ese país por mucho tiempo y retorne, no que estuvo temporal, estarán sujetos a investigación y habrá multas para quienes mientan”, aseveró.
Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, manifestó que la implementación de la ley no debe retrasarse por la elaboración del reglamento, ya que este debe estar listo en 90 días, como establece la normativa, por lo que esperan que el 28 de agosto las instituciones responsables entren en acción.
Además, aclaró que no hay que esperar que la ampliación de los beneficios sea publicada en La Gaceta para que la ley aprobada en mayo comience a aplicarse.
Erick Hernández, presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos, compartió que constantemente le consultan por esta ley y si ya está vigente. Incluso, comentó que las autoridades de Aduanas le informaron que están trabajando a la espera de realizar la actualización en los sistemas.
“Ha tomado bastante tiempo, es pura burocracia, pero esperemos que sí comience pronto a estar vigente”, dijo.
Hernández agregó que son muchos los hondureños que están regresando al país, no solo de Estados Unidos, sino también de España.
LA PRENSA consultó a los directores de Aduanas y del Instituto Nacional de Migración sobre cómo avanza la elaboración del reglamento; sin embargo, no obtuvo respuestas.
