Joprodeh: Nada debe detener emisión de la declaratoria electoral

ASOPODEHU y JOPRODEH señalaron que cuentan con información de fuente confidencial que advierte sobre una presunta maniobra orientada a tender una “trampa” al CNE

Joprodeh: Nada debe detener emisión de la declaratoria electoral
Tegucigalpa, Honduras

La emisión y publicación de la declaratoria oficial de los resultados electorales “en tiempo y forma” no debe ser detenida bajo ninguna circunstancia, advirtieron este martes la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), al alertar sobre presuntas amenazas a la institucionalidad y al orden constitucional de Honduras.

En un pronunciamiento conjunto, ambas organizaciones recordaron que la Constitución de la República establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el órgano encargado de dirigir y administrar los procesos electorales, así como de emitir la declaratoria correspondiente para los cargos de elección popular.

En el comunicado, los defensores de derechos humanos piden al CNE que ante el "evidente boicot al proceso de escrutinio especial" adopte las decisiones que correspondan, priorizando el interés general, la estabilidad institucional y los principios democráticos, con el fin de evitar que actores que buscan generar una crisis institucional logren su cometido.

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ASOPODEHU y JOPRODEH señalaron que cuentan con información de fuente confidencial sobre una presunta maniobra orientada a tender una “trampa” al CNE, que permitiría a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, conducida por el diputado Luis Redondo, abrir espacio para acciones que vulnerarían el orden constitucional.

De acuerdo con el pronunciamiento, dicha maniobra se estaría impulsando mediante la presentación de un decreto a última hora, con el objetivo de impedir que se emita la declaratoria conforme a lo que establece la Ley Electoral.

Las organizaciones subrayaron que nada debe impedir la emisión y publicación de la declaratoria en los plazos legales, ya que ello garantiza la alternabilidad en el poder y el respeto irrestricto a la Constitución y las leyes de la República.

Asimismo, recordaron que la ley electoral ya define las instancias y los procedimientos a los que puede recurrir cualquier persona o sector que se sienta afectado, por lo que cualquier intento de sustituir a los órganos competentes constituiría una alteración al proceso.

En el documento, las organizaciones advierten que quienes desafíen la ley o intenten violentarla de forma arbitraria deben responder ante la justicia.

"Todo aquel que se atreva a desafiar la ley y violentarla de forma antojadiza, debe ser juzgado según las leyes de nuestro país por el delito de TRAICIÓN A LA PATRIA y CONSPIRACIÓN CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO", reza el comunicado.

Panorama tenso

Honduras aguarda la proclamación de los resultados finales de las elecciones generales celebradas hace un mes, un proceso marcado por retrasos técnicos, disputas internas en el organismo electoral y nuevas tensiones políticas, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya declaró presidente electo a Nasry 'Tito' Asfura.

La incertidumbre no ha cesado debido a que el escrutinio especial de 2,792 actas electorales que presentaban inconsistencias, iniciado el día 18, con cinco días de retraso, ha venido funcionando a medidas entre problemas técnicos, administrativos, confrontaciones entre los tres consejeros del CNE e incluso riñas entre escrutadores del Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación (Libre).

En las últimas horas el presidente del Congreso, Luis Redondo, invitó a la cúpula del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, encabezada por el general Héctor Valerio, a una reunión para abordar el ascenso de nuevos oficiales de la institución castrense.

Redondo pretendía que esos ascensos fueran autorizados por la Comisión Permanente instalada en octubre y controlada por nueve diputados oficialistas, una iniciativa que fue rechazada por la plana mayor de las Fuerzas Armadas, que optó por esperar a que el tema sea tratado por el pleno del Congreso en la próxima legislatura, que asumirá el 25 de enero de 2026, cuando el actual titular ya no presidirá ese poder del Estado.

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Redacción La Prensa
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