El Ministerio Público (MP) confirmó que investiga a un funcionario de alto cargo del Poder Ejecutivo del actual gobierno, un juez y un abogado privado, presuntamente implicados en el pago de un soborno durante el proceso penal incoado contra tres generales retirados acusados del crimen de Isy Obed Murillo durante la crisis política de 2009.
Las investigaciones revelan que los tres implicados habrían negociado y acordado la entrega de un sobre de papel amarillo que contenía cuatro millones de lempiras, para favorecer a las medidas generales con distintas a la prisión.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, dijo que el caso “Mensaje sobre papel amarillo” es encabezado por la Fiscalía para el Enjuiciamiento de Servidores del Sector Justicia, que busca esclarecer posibles irregularidades.
. “No podemos dar muchos detalles hasta que esté concluido la investigación”, enfatizó Mora.
Las indagaciones apuntan a que la entrega de los recursos al funcionario judicial se materializó en el bufete del abogado privado.
Una fuente ligada al proceso de investigación informó que “en las próximas horas se emitirán las órdenes de captura contra los investigados”.
A los tres personajes se les investiga por el delito de lavado de activos, prevaricato, violación de los deberes de los funcionarios y extorsión.
Los señalados del crimen de Murillo son Romeo Vásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto; Venancio Cervantes, exsubjefe de la institución castrense, y Carlos Roberto Puerto, excomandante del Comando de Operaciones Especiales.
El domingo, tras una maratónica audiencia inicial, un juzgado dictó arresto domiciliario a favor de los militares, quienes fueron detenidos el 5 de enero.
Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, dijo que el juez que conoce la causa fijó para el 27 de enero la audiencia preliminar.
“En la audiencia preliminar debe decidirse si el juez encuentra argumentos suficientes para que el expediente evolucione hasta un juicio oral y público; si no encuentra los elementos, se puede decretar un sobreseimiento provisional o definitivo”, explicó Duarte.
El Ministerio Público y la defensa de los tres generales retirados tienen hasta este miércoles para presentar recursos de apelación contra la decisión del juez, quien además confirmó que los acusados se defenderán en libertad, pero quedarán al “cuidado y vigilancia” de sus abogados y no podrán salir del país.
