Detrás de la imagen de los programas sociales podría estarse reproduciendo una práctica conocida: la asignación discrecional de fondos públicos con fines clientelistas, esta vez asociada al partido Libertad y Refundación (Libre).
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP) iniciaron investigaciones de oficio sobre un presunto desvío millonario de recursos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En este caso, se señala como principal gestora a Isis Cuéllar, diputada de Copán por Libre, quien supuestamente habría recibido asignaciones superiores a los 37 millones de lempiras para ejecutar proyectos sociales en el occidente del país.
La polémica estalló tras la divulgación de un video en redes sociales el lunes 23 de junio en el que Cuéllar le confiesa al ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, que usó los fondos para dotar a coordinaciones locales con kits de sonido, sillas, mesas, carpas y equipos para sublimado.
Se desconoce quién lo filmó y quién lo filtró. Cada uno de estos kits, según relató, estaba valorado en 125,000 lempiras y se entregaron a 15 de las 23 coordinaciones políticas del partido en Copán.
En la conversación también se menciona a Lilian Montúfar, candidata a la alcaldía del municipio de Nueva Arcadia, Copán. Asimismo, aparece el nombre de Elvia Argentina Valle, gobernadora del departamento y exdiputada del Congreso Nacional.
Montufar dijo que se negó a firmar un cheque de 100,000 lempiras. Mientras Argentina Valle dijo que “he pedido es que si hay actos de corrupción, los investiguen. No estamos para avalar ningún acto de corrupción”.
Solo en este caso, de acuerdo con lo revelado por la propia Isis Cuéllar, se habría beneficiado a correligionarios de Libre en Copán con un monto aproximado de 1,875,000 lempiras en cheques emitidos con fondos públicos.
Las primeras pesquisas indican que este caso sería apenas la punta de la madeja de un esquema más amplio de presunta corrupción, en el que estarían involucrados diputados del oficialismo, así como legisladores del Partido Liberal, Democracia Cristiana y del Partido Salvador de Honduras.
Auditoría en curso
El TSC confirmó que desde el lunes 23 de junio se inició una auditoría especial asignada a la Gerencia de Auditoría del Sector Social. Su portavoz, Rodolfo Isaula, señaló que el equipo de auditores ya cuenta con las credenciales necesarias para realizar las diligencias correspondientes.
Sobre el enfoque de la investigación, Isaula precisó: “Se analizará el contexto del video y las diligencias estarán orientadas a esclarecer lo que se denuncia”.
Pronunciamiento presidencial.
Mientras tanto, la presidenta Xiomara Castro solicitó un informe en un plazo de 72 horas a la Secretaría de Transparencia, en un intento por desvincularse del caso.“El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) tiene la obligación de investigar y pronunciarse en el menor tiempo posible”, expresó.
“Advierto con toda claridad: seré implacable con los responsables si se comprueba la existencia de actos de corrupción que ocasionen daño al Estado, a terceros o que violen los procedimientos establecidos en la ley”, aseguró.
De confirmarse responsabilidades, el TSC emitirá un informe con posibles implicaciones civiles, penales o administrativas. Si no hay méritos, el expediente será archivado.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, confirmó: “El fiscal general Johel Zelaya ordenó que fiscales de la unidad anticorrupción investiguen de oficio los hechos revelados en el video”.
Agregó que ya se conformó un equipo para iniciar las primeras diligencias investigativas, con prioridad en el análisis audiovisual y la identificación de personas clave para declarar.
Implicados se defienden
Sobre la entrega de recursos a activistas, el ministro José Carlos Cardona declaró: “El dinero es proyección social porque es una generación de oportunidades de ingreso (...) Todo el tipo de emprendimiento y generación de oportunidades de ingreso es un apoyo social porque estamos haciendo que esta familia tenga un ingreso gracias al apoyo que le damos”.
Cardona justificó que el dinero mencionado en el video, durante una conversación privada con la parlamentaria de Copán, es un “fondo de administración solidaria que se emana de las leyes de presupuesto de cada año. La ley general de presupuesto es nuestro primer sustento legal para la administración de este fondo”.
Mientras Isis Cuéllar dijo que “la persona que nada debe, nada teme. El resultado de la investigación será el que diga la verdad”. Dijo que “los fondos no los maneja directamente el diputado. Todo está liquidado como corresponde y cada beneficiario está debidamente identificado”.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.
