El Gobierno ha invertido más de 1,050 millones de lempiras para atender la emergencia vial decretada en febrero de este año, según datos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Los recursos corresponden a procesos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) bajo el Decreto Ejecutivo 08-2026, mediante el cual se declaró, por un año, el estado de emergencia vial para agilizar la ejecución de obras ante el deterioro de las carreteras.
Según el portal de transparencia, mediante la emergencia vial se registra una inversión de 1,011.3 millones de lempiras en obras de construcción, reparación, bacheo y mantenimiento de al menos 56 proyectos a nivel nacional.
A esa cifra se suman 39.8 millones de lempiras en contratos de supervisión, por lo que el monto total desembolsado por el Estado supera los 1,051 millones de lempiras.
Los 56 proyectos abarcan una cobertura acumulada de 2,702.33 kilómetros distribuidos en distintas regiones del territorio hondureño.
Empresas contratadas
Entre los contratos con mayor inversión figura el 004-2026, que establece la “limpieza y el bacheo temporal paliativo” de la carretera CA-4, en el tramo La Ceibita–El Poy, con una extensión de 214.02 kilómetros.
Este contrato fue adjudicado a Constructora William y Molina S.A. de C.V. por un monto de 101.8 millones de lempiras. Además, a esta empresa se le adjudicaron otros siete contratos, por los cuales recibió en total 198.64 millones de lempiras.
Sin embargo, la empresa constructora que recibió la mayor cantidad de contratos fue Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V. (Sermaco), con 18 proyectos y pagos que superan los 216.46 millones de lempiras.
Entre sus contratos destaca la limpieza y bacheo temporal del tramo Ojo de Agua-Cantarranas-Valle de Ángeles, con una extensión de 50.34 kilómetros, por el cual se desembolsaron 36,336,563.23 lempiras.
Otro de los contratos de mayor monto fue adjudicado a Constructora de Obras y Desarrollos S.A. de C.V. (Odesa) para la rehabilitación del tramo La Esperanza-Camasca, que contempla la intervención de 39 kilómetros por un valor superior a 92.79 millones de lempiras.
Odesa se encuentra entre las tres empresas con mayores montos adjudicados. En total, recibió cinco contratos por un valor de 171.11 millones de lempiras.
Fueron 10 empresas las contratadas para ejecutar trabajos de reparación, bacheo y mantenimiento en más de 2,700 kilómetros de la red vial, según datos del Observatorio Ciudadano, que monitorea el gasto público durante decretos de emergencia.
La declaratoria de emergencia permitió agilizar procedimientos administrativos para ejecutar trabajos de bacheo, rehabilitación de pavimentos y mantenimiento de carreteras primarias y secundarias.
También incluyó la reparación de sistemas de drenaje, limpieza de cunetas, alcantarillas y quebradas, así como la recuperación de bordos afectados durante las temporadas lluviosas.
Los trabajos desarrollados abarcan desde mantenimiento rutinario y atención de daños puntuales hasta la rehabilitación completa de corredores estratégicos.
Supervisión de proyectos
Los datos publicados también identifican a las empresas encargadas de la supervisión técnica de los proyectos, entre ellas SAYBE y Asociados; Gabinete Técnico S.A. de C.V. (GATESA); Consultores Asociados de Honduras (CONASH); Técnica de Ingeniería S.A. de C.V.; ASP Consultores; y Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA).
No obstante, la base de datos pública únicamente identifica a los supervisores vinculados con cada proyecto, pero no incorpora los montos asignados para esas labores.
Contratos heredados
Mientras se ejecutan contrataciones bajo el decreto de emergencia, la SIT mantiene una revisión de contratos heredados de administraciones anteriores.
Aníbal Ehrler, ministro de Infraestructura y Transporte, informó que la institución recibió una cartera de 248 proyectos adjudicados, de los cuales únicamente 85 tenían avance físico al momento del cambio de gobierno.
“Algunos proyectos macro, grandísimos, otros medianos y un montón de proyectos pequeños. Pero dentro de los archivos de la secretaría, hay una gran cantidad, más de 120 proyectos otorgados durante el último trimestre de 2025 que no cuentan con una orden de inicio”.
El funcionario explicó que los proyectos con ejecución comprobada fueron reactivados, mientras que entre 120 y 140 contratos serán rescindidos debido a que no registraban avances en campo, órdenes de inicio ni ejecución.
Ehrler señaló que esos contratos no forman parte de la nueva estrategia de infraestructura debido a que fueron adjudicados sin que iniciaran los trabajos. Según el titular de la SIT, los proyectos que el Gobierno no ejecutará representan una inversión superior a 1,000 millones de lempiras.
En total, los contratos heredados por la administración anterior representan una obligación cercana a 12,000 millones de lempiras, incluyendo alrededor de 5,000 millones de lempiras en deuda flotante.
Según explicó Ehrler, el Gobierno ha realizado pagos entre 3,600 millones y 3,700 millones de lempiras para reducir los compromisos pendientes con las empresas constructoras.
