Santa Bárbara, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que realizó una inspección en el centro penal de La Acequia, en Santa Bárbara, con el objetivo de evaluar la viabilidad de construir una nueva cárcel de máxima seguridad.
A través de una publicación en su cuenta de X, Zambrano detalló que la visita se desarrolló junto a integrantes de la Comisión de Seguridad, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y representantes de la Secretaría de Seguridad.
El titular del Poder Legislativo señaló que la inspección busca determinar las condiciones para desarrollar el proyecto penitenciario, como parte de las medidas que las autoridades pretenden impulsar para enfrentar al crimen organizado.
“Estamos firmes y comprometidos en tomar las decisiones necesarias para combatir el crimen organizado, recuperar la paz y devolverles la tranquilidad a las familias hondureñas”, expresó Zambrano en su mensaje.
El congresista también aseguró que mantendrán las decisiones adoptadas en materia de seguridad. “¡No vamos a retroceder en las decisiones que hemos tomado para poner orden y garantizar la seguridad de Honduras!”, escribió.
La inspección se suma a las acciones anunciadas por las autoridades para fortalecer la infraestructura penitenciaria y las medidas de seguridad frente a las estructuras criminales en Honduras.
Junto a la Comisión de Seguridad y autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y de la Secretaría de Seguridad, realizamos una inspección en el centro penal de La Acequia, Santa Bárbara, para evaluar la viabilidad de construir una nueva cárcel de máxima seguridad.Estamos firmes y comprometidos en tomar las decisiones necesarias para combatir el crimen organizado, recuperar la paz y devolverles la tranquilidad a las familias hondureñas.¡No vamos a retroceder en las decisiones que hemos tomado para poner orden y garantizar la seguridad de Honduras!
— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) October 23, 2026
Proyecto abandonado
Es preciso mencionar que el proyecto de La Acequía surgió después del incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004 en el centro penal de San Pedro Sula, donde murieron 107 privados de libertad.
La construcción de una nueva cárcel se planteó como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones del sistema penitenciario hondureño.
La iniciativa avanzó con la creación de una comisión mediante el decreto ejecutivo PCM-15-2007, durante el gobierno de Manuel Zelaya. Sin embargo, los trabajos de construcción comenzaron en 2013, bajo la gestión de la Fundación para la Construcción del Centro Penal, vinculada al proyecto impulsado por monseñor Rómulo Emiliani.
La obra quedó paralizada en 2016, cuando el Instituto Nacional Penitenciario asumió la administración del proyecto y se planteó la necesidad de revisar su diseño.
Para entonces se habían construido seis módulos, además de cercos perimetrales, torreones y otras instalaciones. El abandono y los recursos destinados a la obra fueron objeto de investigaciones del Ministerio Público y señalamientos del Consejo Nacional Anticorrupción, que reportó desembolsos por más de 544 millones de lempiras.
