Defensores de derechos humanos y sectores de la oposición política rechazan enérgicamente la decisión del Gobierno actual de criminalizar las protestas callejeras.
La medida contempla que los agentes de la Policía Nacional registre, mediante fotos y videos, a los participantes de las manifestaciones para atribuirles responsabilidades legales.
Además, la Secretaría de Seguridad ha advertido sobre posibles detenciones y procesos judiciales contra ciudadanos que ejerzan su derecho a protestar, lo que ha desatado críticas por considerarse una acción represiva y contradictoria con el historial del partido en el poder.
A criterio de Dina Meza, defensora de Derechos Humanos, estas acciones son para crear el temor en las personas que se manifiestan, es violatoria a los derechos humanos, están aplicando las prácticas que criticaron en el pasado, cuando los que hoy gobiernan antes estaban en las calles y se avizora un ambiente de violencia. “Nos están creando todo un escenario de miedo para que la gente no salga a protestar y tenga miedo de que sea investigada. Esto solo en los Gobiernos dictatoriales se da, en los Gobiernos autoritarios, donde las personas las quieren mantener sometidas y que no defiendan sus derechos”, dijo.
Además, es considerado un mal presagio, ya que desde el Ejecutivo se ha ordenado evitar la represión a los manifestantes, pero la realidad es otra.
“En realidad es una estrategia de terror que tienen programada, la que tiene que ver con violentar derechos fundamentales, que es el derecho a la protesta que está en la Constitución de la República y el espacio cívico de las organizaciones y de los defensores de los derechos humanos”, agregó Dina Meza.
Rumbo equivocado
Maribel Espinoza, excandidata presidencial por el Partido Liberal, encendió nuevamente el debate sobre el rumbo que está tomando el gobierno de Libertad y Refundación (Libre), denunciando una preocupante mutación del partido hacia prácticas autoritarias que ponen en riesgo la democracia en Honduras.
Espinoza dice que, desde su llegada al poder, Libre ha implementado medidas que restringen derechos fundamentales, lo que ha generado inquietud en distintos sectores de la sociedad.
Entre estas medidas se encuentra la continuidad del estado de excepción, el que, según expertos en derechos humanos, no se justifica en el contexto actual y solo ha servido para debilitar las garantías individuales de la población.
Uno de los puntos más críticos señalados por Espinoza es la creciente represión a la libertad de expresión. En los últimos meses, periodistas, activistas y ciudadanos han denunciado hostigamiento de las autoridades.
Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), se mostró muy sorprendido por la determinación de este Gobierno. “Ver para creer en el Gobierno de la protesta callejera. Alguien por ahí dijo los derechos se pelean en las calles”, expresó el congresista, en respuesta al comunicado de la Policía Nacional.
Marco Bhaday, coordinador de proyectos de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeph), recordó a las autoridades policiales que la protesta pacífica es un derecho constitucional.
“El diálogo debe ser la primera vía para resolver conflictos, sin recurrir a medidas que criminalicen la protesta social o limiten la voz del pueblo, pero durante más de tres años el Gobierno ha rechazado la propuesta ciudadana para un diálogo que permita que los múltiples problemas que aquejan al pueblo se resuelvan”, enfatizó Bhaday.
Jorge Jiménez, también defensor de Derechos Humanos, dijo que “este tipo de hechos nos recuerda la época oscura de los ochenta, cuando se torturaba, criminalizaba y asesinaba”.
También mostró su preocupación por la amenaza de criminalizar, perseguir y desalojar la protesta social.
