El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, salió al frente de la polémica generada por la denominada "ley de escuchas", negando rotundamente que el proyecto tenga como objetivo el espionaje o la intervención de las comunicaciones de la ciudadanía en general.
El máximo representante del Poder Legislativo afirmó que la oposición carece de fundamentos jurídicos para rechazar la iniciativa y destacó que las intervenciones telefónicas previas realizadas a algunos diputados han sido utilizadas como argumento para oponerse al proyecto.
"Esto es una reacción política, igual a todo lo que se han opuesto solo por oponerse. No hay ningún fundamento jurídico. Es ampliamente conocido que para poder hacer intervenciones o espionaje debe haber la intervención de un juez. Sin embargo, hay que preguntarse cómo en el periodo anterior le hicieron grabaciones a varios diputados", expresó Redondo.
El presidente del Congreso aclaró que el objetivo de la ley es que los operadores de telefonía móvil y los proveedores de Internet brinden información sobre los archivos que establecieron las conexiones, y resaltó que el acceso a los datos sería únicamente a posteriori, es decir, después de ocurridos los hechos objeto de investigación.
Redondo insistió en que la "Ley de escuchas" es un tema técnico y recalcó que no existe la posibilidad de que se acceda a fotos, audios o escuchas telefónicas de manera indiscriminada. Su propósito es combatir delitos como la extorsión y brindar una herramienta moderna para proteger a los usuarios de las telecomunicaciones en el país.
En relación al avance del proyecto, el titular del Poder Legislativo informó que esta semana llevarán a cabo el tercer debate de la ley. Aunque evitó confirmar si cuentan con los votos suficientes para su aprobación, Redondo sostuvo que nadie podría oponerse a una iniciativa que busca combatir la delincuencia y resguardar la seguridad de los ciudadanos.
La "Ley de escuchas" ha generado un intenso debate en Honduras, con posturas encontradas entre quienes defienden su aplicación para fortalecer la lucha contra el crimen, y aquellos que temen que pueda vulnerar la privacidad y los derechos fundamentales de la población. Se espera que el Congreso Nacional continúe deliberando sobre el proyecto en los próximos días.
