Sectores advierten que aprobación de la denominada ley de escuchas, impulsada por el Gobierno, conllevaría legalizar la violación a la privacidad y los derechos fundamentales al obligar a operadores telefónicos a proporcionar registros móviles de los usuarios a la Secretaría de Seguridad sin necesidad de una orden judicial.
Para Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), “el artículo 23 otorga demasiados poderes a la Secretaría de Seguridad para que ingrese a nuestra privacidad sin una orden judicial previa, cualquiera va a poder venir y pedir esa información, hay que modificarlo, que sea siempre por una orden judicial o una lista establecida de delitos”, señaló.
Para saber
La iniciativa, denominada Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones, consta de 32 artículos y es similar a la existente desde 2012.
Andrés Pavón, exembajador de Honduras en Cuba, dijo que “esta nueva ley de escuchas que pretende aprobar es una involución en materia de derechos humanos, es una estrategia de miedo, son prácticas de opresión”.
Ayer ante la falta de acompañamiento y consenso entre las fuerzas políticas para la aprobación de la polémica ley fue suspendido el tercer debate.
“El espíritu de la ley es poder controlar la venta de la ‘sim card’ que venden los operadores del país. Si se ocupa hacer intervención telefónica de llamadas debe ser mediante la orden de un juez, por un artículo no podemos satanizar la ley, todo lo que han dicho en contra es falso”, señaló Rafael Sarmiento, jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre).
