San Pedro Sula, Honduras. A pesar de que el plazo legal para elaborar el reglamento venció el 28 de agosto, los migrantes hondureños que están retornando al país todavía no reciben los beneficios establecidos en la normativa.
La Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias aún no puede aplicarse plenamente, debido a que la Administración Aduanera de Honduras y la Secretaría de Finanzas (Sefin) continúan trabajando en el reglamento operativo necesario para poner en práctica sus disposiciones.
El Congreso Nacional aprobó la normativa, publicada el 28 de mayo de 2026 mediante el Decreto 73-2026. La ley estableció un plazo de 90 días para que la Administración Aduanera y la Sefin elaboraran el Reglamento Operativo de la Exención y el listado indicativo de menaje e implementos autorizados, además de establecer lineamientos de control e interoperabilidad con el Registro Vehicular y el Instituto Nacional de Migración.
Ese plazo venció el 28 de agosto, fecha prevista para que la ley pudiera comenzar a aplicarse bajo los procedimientos establecidos en el reglamento.
Sin embargo, los hondureños que están retornando al país todavía no reciben los beneficios contemplados en la normativa, entre ellos las exenciones para la importación de bienes personales, herramientas e implementos de trabajo y vehículos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
LA PRENSA consultó a autoridades de la Administración Aduanera sobre los avances en la elaboración del reglamento y cuándo estaría listo, pero no se obtuvo respuesta.
Beneficios para los hondureños retornados
La legislación surge en un contexto en el que miles de hondureños han decidido retornar voluntariamente o han sido deportados al país, tras años de residir en el extranjero, donde construyeron su patrimonio.
La normativa tiene como objetivo apoyar a los ciudadanos que regresan a Honduras mediante incentivos fiscales para la importación de bienes personales, maquinaria y vehículos. El 11 de agosto de 2026, el Congreso Nacional amplió los beneficios.
Con las reformas aprobadas podrán acogerse a la ley los hondureños que regresen por deportación, salida voluntaria, vencimiento o precariedad de su estatus migratorio, así como quienes decidan retornar voluntariamente para establecerse de manera permanente en el país.
También se incorpora como beneficiario al grupo familiar dependiente y se establece que la normativa aplica para hondureños retornados provenientes de cualquier país del mundo, no solo de Estados Unidos.
Asimismo, se mantienen los beneficios para importar libres del pago de impuestos un vehículo de uso particular y un vehículo de trabajo por grupo familiar, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley. Entre ellos está acreditar la propiedad de los automotores, que estos se encuentren en condiciones adecuadas para circular y que no sean vendidos o transferidos durante los primeros 12 meses.
La legislación establece que los hondureños retornados podrán introducir al país hasta 150,000 dólares (3,988,909.50 lempiras, según el tipo de cambio de referencia), libres del pago de aranceles e impuestos por concepto de menaje de casa y enseres domésticos.
Asimismo, autoriza la importación de hasta 100,000 dólares (unos L2,659,273) en herramientas e implementos de trabajo destinados a actividades productivas o emprendimientos.
El decreto también permite la importación de un vehículo de uso particular y otro de trabajo por grupo familiar. La disposición contempla un plazo de hasta dos años para ingresar los automotores al país, incluidos modelos fabricados en 2010 o años anteriores, mediante el pago único de 10,000 lempiras.
La normativa prohíbe el ingreso de artículos considerados peligrosos o restringidos, entre ellos armas de fuego, municiones, sustancias ilícitas y bienes suntuarios o de lujo.
Ventanilla Única del Retorno
La reforma también crea la Ventanilla Única del Retorno (VUR), integrada por diversas instituciones del Estado, con el propósito de concentrar en un solo proceso los principales trámites relacionados con el retorno, incluidos los procedimientos aduaneros, migratorios y de registro vehicular.
La VUR estará integrada por la Administración Aduanera de Honduras, la Sefin, a través de la Unidad de Franquicias Aduaneras; el Instituto Nacional de Migración (INM), y el Instituto de la Propiedad (IP), mediante el Registro Vehicular.
A través de esta plataforma se podrán tramitar en línea la Declaración Jurada de Domicilio en Honduras, la solicitud de exención, la Declaración Única Centroamericana (DUCA), el despacho aduanero y el registro vehicular con la anotación de inalienabilidad.
La ley también habilita el uso de firma electrónica y la representación mediante poder consular o documento apostillado.
Antes del arribo al país, el solicitante deberá presentar una lista valorada de bienes, constancia consular de residencia y pasaporte o historial migratorio. Posteriormente, la Sefin emitirá la dispensa en el sistema y se presentará la Declaración Única Centroamericana (DUCA).
El plazo para acogerse a los beneficios será de hasta 12 meses desde la fecha de retorno para el menaje de casa y de hasta 12 meses para la importación de implementos de trabajo, contados a partir del ingreso al territorio nacional.
La ley establece sanciones para quienes obtengan los incentivos mediante información falsa o cualquier conducta fraudulenta.
Carlos Umaña, diputado del Partido Liberal, declaró que la ampliación de los beneficios y la creación de la Ventanilla Única del Retorno tienen como objetivo evitar trámites engorrosos.
Umaña explicó que para estar vigente la ampliación se debe esperar su publicación en La Gaceta, pero señaló que la ley aprobada en mayo ya estaba vigente y que se debía esperar la elaboración del reglamento para comenzar a ponerla en práctica.
“Esta ley es para el hondureño que venga de cualquier país del mundo retornado a Honduras, que demuestre que vivió en ese país por mucho tiempo y retorne, no que estuvo temporal, estarán sujetos a investigación y habrá multas para quienes mientan”, aseveró.
Mientras las instituciones responsables concluyen el reglamento y realizan las adecuaciones necesarias para su aplicación, los migrantes retornados continúan a la espera de acceder a los beneficios fiscales establecidos en la ley.
Honduras registra más de 30,900 migrantes retornados entre enero y agosto de 2026, según datos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM).
