Después de promover una iniciativa enfocada en la atención especializada del autismo, el diputado Jhosy Toscano presentó un nuevo proyecto de ley orientado a proteger a niños, niñas y adolescentes con discapacidades visibles y no visibles, una población que suele enfrentar barreras silenciosas en escuelas, hospitales, bancos, comercios, oficinas públicas, transporte y espacios de alta concurrencia.
La propuesta, denominada Ley de Inclusión y Atención Preferente para la Niñez con Discapacidad No Visible, también conocida como Ley Girasol, busca crear un sistema nacional de identificación voluntaria para que los menores puedan recibir atención prioritaria, trato digno, comunicación adecuada y ajustes razonables, sin ser obligados a revelar públicamente su condición.
El proyecto parte de una realidad poco atendida en el país: muchas condiciones no son evidentes a simple vista, pero sí afectan la comunicación, la conducta, la interacción social, la tolerancia a ciertos ambientes, la comprensión o el acceso normal a los servicios.
Entre ellas se mencionan el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de ansiedad, depresión y otras condiciones neurológicas, cognitivas, psicosociales o del desarrollo.
La iniciativa toma como referencia el símbolo internacional del girasol, utilizado en varios países para identificar de forma voluntaria a personas con discapacidades ocultas o no visibles.
En este caso, el proyecto plantea adaptar ese distintivo con elementos representativos de Honduras, para que su uso sirva como una señal de apoyo, comprensión y atención preferente.
Uno de los puntos centrales es la creación del Carné Nacional de Atención Preferencial para Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad, que sería emitido por la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la Secretaría de Salud. Las municipalidades también podrían servir como instancias auxiliares para recibir solicitudes y entregar el documento.
El carné sería gratuito, personal, intransferible, válido en todo el territorio nacional y de emisión expedita. Sin embargo, el proyecto aclara que su obtención no sería obligatoria ni podría ser exigida como condición para acceder a los derechos reconocidos por la ley.
Esa aclaración es clave porque la iniciativa intenta equilibrar dos necesidades: por un lado, facilitar la acreditación administrativa de una condición que requiere atención diferenciada; y por otro, proteger la privacidad de los menores y evitar que las familias sean obligadas a exponer diagnósticos médicos o psicológicos ante cualquier institución.
La Ley Girasol también establece que el uso del distintivo será estrictamente voluntario. Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado a portarlo ni a revelar información sobre su discapacidad para recibir atención adecuada.
Cuando el distintivo sea utilizado, deberá bastar como señal para que el personal brinde un trato más paciente, empático, respetuoso y ajustado a las necesidades del menor.
Entre los derechos contemplados en la iniciativa figuran la atención prioritaria en filas, turnos y servicios; la reducción de tiempos de espera; el acceso preferente a servicios públicos y privados; la comunicación clara y accesible; el acompañamiento cuando sea requerido; y la creación de condiciones que eviten estrés, riesgo, desorientación o sobrecarga sensorial.
La propuesta tendría aplicación obligatoria en aeropuertos, terminales de transporte, unidades de transporte público y privado de uso colectivo, centros de salud públicos y privados, instituciones educativas, bancos, comercios, centros comerciales, oficinas gubernamentales y eventos públicos o privados de concurrencia masiva.
Además, las instituciones públicas y privadas estarían obligadas a garantizar la atención preferencial, respetar el uso del carné y del distintivo, evitar actos de discriminación, implementar medidas de accesibilidad y capacitar a su personal en inclusión, trato adecuado y atención a personas con discapacidad.
La iniciativa también contempla la creación de un registro nacional de niños, niñas y adolescentes beneficiarios de atención preferencial, administrado por la Secretaría de Desarrollo Social. Ese registro tendría carácter confidencial y no podría ser usado con fines discriminatorios ni divulgado sin autorización.
Otro aspecto relevante es el régimen de infracciones y sanciones. El proyecto considera faltas negar, retrasar o limitar la atención preferencial; exigir el carné o distintivo como requisito obligatorio; discriminar por razón de discapacidad; incumplir ajustes razonables; divulgar información privada sin autorización; o no capacitar al personal.
Las sanciones irían desde amonestaciones escritas y multas económicas hasta medidas correctivas, capacitación obligatoria, suspensión temporal de licencias o permisos y, en casos graves o reiterados, la clausura temporal del establecimiento.
La Ley Girasol aparece como una segunda etapa dentro de la agenda de Toscano sobre niñez, discapacidad e inclusión.
Antes, el congresista impulsó una propuesta para crear el Centro Nacional de Atención e Inclusión Progresiva del Autismo, conocido como Cenapia, con el objetivo de brindar diagnóstico, atención terapéutica, acompañamiento educativo, capacitación docente y apoyo a familias de niños con trastorno del espectro autista.
Mientras Cenapia planteaba una respuesta institucional especializada para el autismo desde el sistema educativo, la Ley Girasol amplía el alcance hacia otras discapacidades visibles y no visibles, enfocándose en el acceso cotidiano a servicios, la reducción de barreras y la sensibilización del personal que atiende al público.
De aprobarse, el Poder Ejecutivo tendría un plazo de seis meses, contados a partir de la publicación en el diario oficial La Gaceta, para emitir el reglamento de aplicación de la ley.
La propuesta todavía deberá seguir el proceso legislativo correspondiente en el Congreso Nacional. Su discusión abriría un nuevo debate sobre la capacidad del Estado hondureño para pasar del reconocimiento formal de derechos a medidas concretas que alivien la carga diaria de miles de familias que enfrentan la discapacidad en silencio, entre trámites, filas, incomprensión y falta de empatía institucional.
