En un aula cualquiera de Honduras hay niños que no hablan, que evitan la mirada, que se aíslan o que repiten conductas que pocos entienden. No es rebeldía ni desinterés. Es autismo. Y, en la mayoría de los casos, nadie se los explica a tiempo.
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) no es una enfermedad contagiosa ni una condición rara. Es un trastorno del desarrollo del cerebro que afecta la forma en que una persona se comunica, interactúa y aprende, según lo define el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH). Dicho de forma simple: el mundo lo perciben distinto, y por eso también lo enfrentan distinto.
A nivel global, el fenómeno está lejos de ser marginal. La Organización Mundial de la Salud estima que uno de cada 100 niños tiene autismo, mientras que otras mediciones apuntan a cifras similares o mayores. Son centenares de familias enfrentando el mismo desafío, muchas veces en silencio.
En Honduras, ese silencio se traduce en aulas sin herramientas. Niños que asisten a clases, pero no aprenden. Docentes que intuyen que lgoa no está bien, pero no tienen formación para intervenir. Padres que recorren hospitales, escuelas y oficinas públicas sin encontrar una respuesta clara.
Y los que logran encontrar ayuda privada, destinan un alto porcentaje del presupuesto familiar, para brindarle ayuda a sus hijos de forma integral, procesos muy costosos y de largo aliento que terminan por dejar la ayuda a medio camino. El problema no es la falta de voluntad, es la ausencia de estructura.
Iniciativa para crear un centro especializado público
Ahí es donde entra una iniciativa que comienza a tomar forma en el Congreso Nacional. El diputado Jhosy Toscano ha propuesto la creación del Centro Nacional de Atención e Inclusión Progresiva del Autismo (Cenapia), una institución pública que busca cambiar la forma en que el país enfrenta esta condición.
La propuesta plantea algo básico, pero hasta ahora inexistente: un sistema que detecte, diagnostique y acompañe a los niños con autismo dentro del sistema educativo, en lugar de dejarlos a su suerte.
Porque el autismo no es una sola cosa. Es un “espectro”, lo que significa que cada niño es distinto. Algunos pueden hablar, otros no. Algunos pueden vivir con independencia, otros necesitarán apoyo permanente. Pero todos requieren algo en común: intervención temprana.
Los especialistas coinciden en que el diagnóstico oportuno puede hacerse desde los dos años y que la atención temprana mejora significativamente el desarrollo del niño . Sin embargo, en muchos casos, ese diagnóstico nunca llega o llega demasiado tarde.
El proyecto de ley intenta cerrar ese vacío. Según la propuesta, el Cenapia funcionaría como un puente entre la escuela, la familia y los servicios de salud.
Un niño con señales de autismo sería detectado en su centro educativo, referido a evaluación especializada y atendido por un equipo multidisciplinario: psicólogos, terapeutas del lenguaje, educadores especializados y trabajadores sociales.
Esto debe ser responsabilidad del gobierno, afirma
En conversación con LA PRENSA, el diputado proyectista, el liberal Jhosy Toscano ahondó sobre las razones que tuvo para llevar al hemiciclo legislativo esta iniciativa tan importante para centenares de familias hondureñas.
La iniciativa no surge de un escritorio, sino de lo que, según Toscano, logró ver en tiempo de campaña política. “Esto nace producto de solicitudes que han llegado a mi oficina, pero también de lo que vimos en campaña, en barrios, colonias y municipios. Las familias necesitan que el gobierno se haga cargo de la educación y atención de los menores”, explicó.
Actualmente, la atención del autismo en Honduras depende en gran medida del esfuerzo privado o de asociaciones de padres. Para Toscano, ese modelo ya no es sostenible.
“No estamos en contra de las asociaciones, al contrario, las aplaudimos. Pero esto no puede seguir dependiendo de donaciones. Esto debe ser responsabilidad del gobierno y estar en el presupuesto”, enfatizó.
Desde la experiencia de madres consultadas por LA PRENSA, el impacto y el beneficio es claro y urgente. El diagnóstico no solo cambia la vida del niño, también la de toda la familia.
Terapias, educación especializada y acompañamiento pueden representar gastos mensuales de hasta 15,000 lempiras, un costo imposible para la mayoría de hogares. Dinabel Ochoa lo tiene claro.
A su niño que empezó en primer grado, el psicólogo le recomendó dos horas de terapia por tres días a la semana. Cada terapia le cuesta 550 lempiras, y sencillamente no lo puede costear, por lo que solo lo lleva una o dos hora los sábados.
"Yo trabajo, y por más que quisiera no lo puedo llevar a terapias como me lo recomendaron. Esto me tiene al borde de una crisis personal y familiar porque recibo quejas de la escuela, que no logró entender la condición y necesidades de mi hijo", afirmó. Para ella, iniciativas como la de Toscano, deben concretarse y lograr el apoyo no solo del Congreso, sino del Estado mismo.
En este sentido, el diputado considera que su iniciativa tiene una connotación de interés nacional. “Estamos hablando de una situación de interés nacional. Esto debe convertirse en política pública, no en un esfuerzo aislado. Debe haber un renglón presupuestario y continuidad, sin importar el gobierno de turno”, sostuvo el diputado Toscano.
El proyecto plantea una ley de alcance nacional, con la visión de que los servicios no se concentren solo en las grandes ciudades. “No puede centralizarse. Nosotros damos el primer paso desde el Congreso, pero esto debe tener vida en todo el país”, indicó.
Por ahora, la iniciativa fue presentada hace una semana y está a la espera de ser turnada a comisión. Toscano ya hace un llamado abierto. “Esperamos el acompañamiento de las bancadas, pero también de la Presidencia, para que este proyecto pueda ser sometido a votación pronto e ingresado en el próximo presupuesto”, concluyó.
Centros deben garantizar diagnóstico y terapias adecuadas
La creación de centros especializados para la atención del autismo en Honduras podría representar un avance significativo en salud mental infantil, pero su efectividad dependerá de que cuenten con recursos adecuados, personal capacitado y un enfoque integral, advirtió la psicóloga Lilian Ramírez, con amplia experiencia en atención en centros municipales y coordinadora del proyecto Atención Psicológoica Educativa (APE) en Santa Cruz de Yojoa, al sur de Cortés.
Ramírez consideró que la iniciativa “debería ocupar incluso prioridad en el Congreso Nacional”, debido a la limitada cobertura de servicios de salud mental en el país. Sin embargo, subrayó que el reto no es solo habilitar espacios físicos, sino garantizar su funcionamiento técnico.
Según explicó, uno de los principales problemas en centros semiprivados y organizaciones no gubernamentales es la falta de instrumentos adecuados para diagnósticos precisos. “No se cuenta con todas las herramientas necesarias para evaluar y para dar diagnósticos acorde a lo que el niño o niña realmente está presentando”, señaló.
En ese sentido, detalló que entre los recursos indispensables se encuentran pruebas psicométricas, tanto psicológicas como neuropsicológicas, así como materiales psicopedagógicos que permitan desarrollar terapias ajustadas a cada caso.
La especialista enfatizó que la atención debe ser individualizada, ya que incluso dentro de un mismo diagnóstico existen diferencias significativas entre pacientes. “Aunque los niños tengan, por ejemplo, un diagnóstico de autismo nivel 1, eso no implica que necesariamente se va a trabajar de la misma forma con otro niño”, explicó.
Además del equipamiento, Ramírez insistió en la necesidad de conformar equipos multidisciplinarios que incluyan neurólogos, psicólogos, pediatras, educadores especiales, psicopedagogos y terapeutas de lenguaje. “Debe de ser un equipo de profesionales integral”, indicó, al tiempo que remarcó que la atención del neurodesarrollo no puede abordarse desde una sola especialidad.
La psicóloga también llamó a ampliar el enfoque de la iniciativa más allá del autismo, para abarcar otros problemas de salud mental en la niñez que, según dijo, pasan desapercibidos.
Citó estudios que reflejan que “el 80% de los niños en edad escolar presenta dificultades en la lectura”, así como una prevalencia de trastorno por déficit de atención del 36% y alrededor de un 15% con trastornos de aprendizaje.
“Esos son enemigos silenciosos de la situación de los niños y no hacen mucho eco ni en las autoridades ni en los especialistas”, advirtió, al señalar que estas condiciones requieren atención urgente dentro de cualquier política pública.
Ramírez compartió que actualmente lidera, junto a un equipo de psicólogos, una iniciativa de responsabilidad social empresarial para acercar servicios de salud mental a estudiantes de centros educativos públicos. El programa ya funciona en dos instituciones, donde se realizan evaluaciones y terapias con aportes solidarios de los padres de familia.
Finalmente, sostuvo que el diseño de centros especializados debe construirse con base en criterios técnicos y consenso profesional. “Debe de pasar por un consenso de todos los especialistas que se deban involucrar en la atención”, concluyó, al insistir en que solo así se podrán crear espacios que respondan realmente a las necesidades de niños, niñas y adolescentes.
