El Gobierno por fin admitió la crisis en los hospitales y decidió suspender a la ministra de Salud, Roxana Araujo,
y nombrar una comisión interventora por los próximos 30 días.
Un comunicado de Casa Presidencial señala “el estado
de grave vulnerabilidad, la incapacidad de atención al paciente y la carencia de medicamentos e insumos”.
El decreto ejecutivo leído por Miguel Ángel Bonilla, secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, indica que
es de ejecución inmediata y acuerda “crear una comisión ejecutiva en el sector Salud que tendrá como responsabilidad asumir temporalmente la titularidad de esa Secretaría, que ostentará todas las facultades que correspondan a los administradores y órganos de decisión superior, en lo que respecta a su funcionamiento, desarrollo y operación”.
Integrarán la comisión ejecutiva José Salvador Pineda, como coordinador y representante legal; Luther Castillo Harris y Javier Pastor Vásquez, quienes se desempeñarán “bajo la estricta coordinación” del presidente Lobo.
Funciones
La comisión interventora, cuya gestión podrá ser prorrogada, ejercerá “todas las potestades de administración y dirección de todas las actividades, así como el ejercicio de las demás facultades que confieren las leyes”.
Señala además que la comisión ejecutiva podrá suspender o remover el resto del personal que considere necesario.
“La comisión ejecutiva deberá rendir ante el titular del Poder Ejecutivo un informe de evaluación de la situación en Salud, de las medidas transitorias implementadas y las recomendaciones para su reestructuración, modernización y mejora dentro de los 30 días calendario siguiente”.
El informe “deberá incluir las medidas recomendadas para mejorar la situación infraestructural, administrativa, operativa y financiera de la Secretaría”.
La gestión de la comisión interventora tendrá establecidos cuatro objetivos prioritarios.
El primero, “establecer y ejecutar en un mecanismo de compras que garantice un proceso transparente que permita utilizar eficientemente los recursos y que provea oportunamente de la mayor asistencia de medicamentos al pueblo hondureño”.
Segundo, “organizar y reestructurar la administración y gestión del recurso humano”. Tercero, “mejorar la calidad de los servicios de salud que en general se prestan a la población a nivel nacional”. Y cuarto, “diseñar e implementar un modelo que fortalezca la atención primaria en salud.
Araujo asumió como ministra en septiembre de 2012 y en sus nueve meses de gestión fue incapaz de mejorar el modelo de atención sanitaria porque el mismo se mantiene en “crisis”, según se desprende del decreto.
Roxana Araujo cuestiona intervención del Gobierno
“Si querían que solo viniéramos a maquillar la Secretaría de Salud no éramos nosotros las personas indicadas para venir a hacernos cargo de esta institución”.
Así reaccionó Roxana Araujo, ministra de Salud, tras conocer que queda suspendida de su cargo por 30 días mientras una comisión interventora evalúa la incapacidad del sistema para atender a los pacientes y por qué hay carencia de medicamentos.
Araujo añadió que “el cambio de ministros con tanta frecuencia no trae un bienestar a la población y si no, recordemos el período pasado que anduvieron cinco ministros en un promedio de nueve meses, esto viene a obstaculizar algunos trámites”.
Anunció que las puertas de la Secretaría de Salud están abiertas para el Tribunal de Cuentas,
Fiscalía y Derechos Humanos. “En la Secretaría de Salud hay buenos empleados, pero hay también malos” y señaló que en la cadena de responsabilidad tanto empleados como proveedores de medicamentos han tenido participación.
No obstante, opinó que “no se pueden estar tomando acciones ya en un último año de gobierno de esta forma tan drástica sin haber hecho las investigaciones correspondientes”.
Aseguró que no tiene nada qué esconder. “La separación del cargo es para que uno no influya también en decisiones que puedan tomarse”.
Razones para la intervención
Considerando
Que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, todos tenemos la obligación de respetarla y protegerla de tal manera que la Constitución de la República consagra el derecho a la protección de la salud de la población hondureña, la cual es una condicionante del derecho a la vida.
Deber Que uno de los deberes constitucionales del Estado es garantizar a todos los habitantes del país el derecho a la protección y el goce a la salud, por medio de sus dependencias y organismos constituidos de conformidad con la ley, debiendo dar prioridad a los grupos más necesitados o vulnerables.
Caos Considerando que la condición actual de la Secretaría de Salud revela un estado de grave vulnerabilidad que se refleja en una crisis del modelo que se expresa en la incapacidad de atención al paciente con la calidad necesaria, carencia permanente de medicamentos y materiales.
Además Además refiere el decreto que la estructura de recursos humanos es inadecuada para logar los objetivos y las metas de salud, la identificación de algunos procesos de compras que no observan las normas de contratación del Estado y las demandas de servicios con una tendencia creciente.
