Tegucigalpa, Honduras.
El medio de comunicación Infobae, reveló recientemente que las investigaciones sobre la masacre de 46 mujeres en la cárcel de Támara, ocurrida en junio de 2023, señalan que el 96% de los casquillos encontrados en la escena corresponden a municiones asignadas a la Policía Nacional de Honduras.
Según el rotativo web, al ministro de seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez Velásquez, le urge dar por cerrado el caso de las 46 reclusas masacradas en la cárcel de máxima seguridad.
Pese a que a que en diciembre del 2023, un tribunal condenó a 15 pandilleras como autoras materiales de los homicidios, con solicitudes de condenas que ascienden a 1,200 años de prisión, aún aún persisten varias interrogantes sobre el papel de la Policía Nacional en la planificación y encubrimiento de los hechos, que provocaron una de las mayores crisis políticas en el gobierno de la presidenta, Xiomara Castro.
Infobae aseguró que tuvo acceso a expedientes de la investigación oficial, incluidos informes de balística y análisis de la escena del crimen que vinculan directamente a la Policía Nacional. Entre las pruebas figuran fotografías de municiones y armas encontradas en el lugar, con identificaciones policiales.
Un informe preliminar, elaborado pocos días después de la masacre, revela que 23 de las 46 víctimas presentaban impactos de bala, y que el 96% de los casquillos recuperados correspondían a munición asignada a la Policía Nacional.
Infobae corroboró estos datos con dos agentes que participaron en la investigación inicial y mediante imágenes de las armas y proyectiles hallados en la prisión.
Además, al menos tres testimonios recogidos durante la investigación sugieren una posible participación policial en la planificación del ataque.
De estos testimonios y pruebas surge una hipótesis: el liderazgo de la pandilla Barrio 18 en Honduras habría planeado un ataque contra la MS13, su banda rival, en la cárcel de Támara con el objetivo de desestabilizar el sistema penitenciario y frenar las requisas sorpresa que nuevas autoridades estaban implementando en otras prisiones del país.
Estas requisas habían puesto en riesgo negocios ilícitos y actos de corrupción atribuidos a líderes pandilleros en complicidad con autoridades penitenciarias y policiales.
”La propia Policía facilitó el ingreso de armas y gasolina”, afirmó una de las fuentes a los investigadores, según consta en uno de los informes obtenidos. La documentación revela que las reclusas del Barrio 18 coordinaron con agentes policiales para introducir estos elementos clave en la ejecución del ataque.
La masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) ocurrió el 20 de junio de 2023. Durante el motín, integrantes del Barrio 18 tomaron control de un ala del penal, incendiaron colchonetas y dispararon contra 23 reclusas antes de prender fuego a un total de 46 mujeres. Desde tempranas horas, personal civil asignado a la cárcel había enviado alertas privadas advirtiendo sobre actividades inusuales, señal de que algo grave estaba por ocurrir.
El ataque se dio en un contexto de pugna entre la Policía Nacional, a la que la presidenta Xiomara Castro había entregado la seguridad de las cárceles, y la cúpula militar, que había mantenido el control del sistema penitenciario durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, ahora condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.
La matanza ocurrió en medio de una intervención gubernamental impulsada por Castro a través de una comisión especial que endureció las requisas en las cuatro cárceles más conflictivas, incluida Támara. Esta intervención comenzó a destapar pruebas de corrupción y vínculos entre altos mandos de la Policía Nacional y la administración carcelaria.
Tras la masacre, la presidenta Castro disolvió la comisión interventora—la única que investigaba la corrupción carcelaria—y devolvió el control de las prisiones al ejército. No obstante, la cúpula policial no perdió influencia, ya que sus altos mandos asumieron el control de varias dependencias dentro del Ministerio de Seguridad.
A pesar de los indicios de que policías facilitaron armas y gasolina para el ataque, nunca se realizó una investigación exhaustiva. Un oficial hondureño involucrado en las primeras pesquisas denunció intentos de obstaculizar las investigaciones desde su inicio. Por ejemplo, el Ministerio Público solo asignó un perito balístico para analizar una escena con cientos de casquillos y nunca profundizó en los informes de inteligencia penitenciaria que, desde marzo de 2023, alertaban sobre el ingreso de armas largas a la cárcel y advertían sobre la posible ejecución de un acto violento de gran escala.
Testimonios
Una trabajadora del personal sanitario asignada a la cárcel de mujeres en Támara realizó una llamada a una amiga poco antes de las siete de la mañana del 20 de junio. “Algo raro está pasando... Hay movimientos extraños y hay humo...”, advirtió por teléfono.
A esa misma hora, miembros de la comisión interventora de cárceles, nombrada meses atrás por la presidenta Castro, realizaban una requisa en la prisión de Ceiba, en la costa atlántica del país. Desde allí, comenzaron a monitorear la situación en Támara, ubicada a unos 375 kilómetros al sur.
Los acontecimientos posteriores quedaron documentados en informes elaborados por miembros de la inteligencia estatal y oficiales del Ejecutivo hondureño. Estos recogen testimonios y relatos obtenidos en las primeras horas tras la matanza, así como declaraciones de testigos que se atrevieron a hablar semanas después.
De estos reportes y testimonios, a los cuales Infobae tuvo acceso, se desprende que la reacción inicial de la Policía Nacional fue deficiente y que el ejército intentó ingresar a la prisión, aunque su intervención fue inicialmente rechazada. Además, se señala que la escena del crimen fue alterada desde el principio. Aun así, los peritos lograron recolectar decenas de casquillos esparcidos en los recintos donde ocurrieron los disparos, mientras que las pandilleras del Barrio 18 incendiaban las colchonetas.
El procesamiento de las pruebas balísticas se retrasó debido a la falta de personal asignado a la tarea. Sin embargo, el informe final del equipo forense de la fiscalía hondureña concluyó, sin margen de duda, que en la masacre se utilizó armamento de uso exclusivo de la Policía Nacional. Según el perito balístico, entre el 94 % y el 96 % de los casquillos encontrados en el lugar del crimen pertenecían al arsenal policial. Algunos de ellos estaban marcados con las siglas “PN” y los números de inventario correspondientes al almacenamiento de la munición.
Según oficiales hondureños consultados, el informe fue remitido a las autoridades policiales y al Ministerio Público. No obstante, no está claro si fue incorporado como prueba en el juicio contra las pandilleras del Barrio 18, imputadas como autoras materiales de la masacre. Infobae intentó obtener una reacción de la dirección de la policía hondureña, pero no obtuvo respuesta.
Cuando en enero pasado el Ministerio Público solicitó penas de entre 1,000 y 1,200 años de prisión para las pandilleras condenadas, la justicia hondureña dio por cerrado el caso. Gustavo Sánchez Velásquez, quien era director de la Policía Nacional al momento de la masacre y posteriormente fue nombrado ministro de Seguridad por la presidenta Castro, ya había dado por concluido el tema a finales de 2023, un año antes de la resolución judicial, al afirmar que solo 15 pandilleras participaron en la planificación del crimen.
Sin embargo, al hacer esa declaración, Sánchez Velásquez ignoró los reportes que sus propios investigadores le habían entregado. En dichos informes constaba el uso de munición policial, así como testimonios de informantes dentro de las cárceles que, semanas antes de la masacre, advertían sobre la preparación de “algo grande” en Támara. Informes posteriores también señalaban que habían sido agentes de la Policía quienes proporcionaron armas y gasolina a las pandilleras.
Plan pandillero tolerado por la Policía
La inteligencia penitenciaria recabada tras la matanza revela que fue planificada por tres líderes del Barrio 18, conocidos por sus alias: El Cuervo, El Pechocho y Lucifer. Según esta información, el plan inicial consistía en un golpe menor, en el que se pretendía matar a un pequeño número de reclusas de la MS13 en un ambiente controlado, con el objetivo de generar inestabilidad en el sistema penitenciario hondureño. Este plan ya contaba con la complicidad de policías, guardias y otros empleados penitenciarios.
“El Barrio 18 dio la orden de causar algunas muertes de rivales de la MS13 para generar un escándalo. Iban a coordinarlo con policías que les entregaran armas y gasolina. En la cárcel de Támara, lo coordinaron con una pandillera conocida como La Saico; le dijeron que matara y provocara un ‘vergueo’ (una revuelta)”, explicó a Infobae uno de los agentes hondureños que participó en la elaboración del informe. La mayoría de los oficiales consultados hablaron bajo condición de anonimato por razones de seguridad o porque no estaban autorizados a comentar públicamente sobre investigaciones en curso.
“La Saico” es Claudia María Lemus Aceituno, una de las 12 pandilleras ya condenadas por la justicia hondureña, para quien el Ministerio Público ha solicitado una pena de 1,268 años de cárcel.
Los presuntos instigadores de la matanza fueron Mario René Castillo Ávila, alias El Cuervo; Norlin Alcides Ardón Varela, alias Lucifer; y José Virgilio Sánchez Montoya, alias El Pechocho. Este último, Pechocho, fue uno de los líderes más visibles del Barrio 18 en Honduras desde principios de la década pasada. Sin embargo, fue Lucifer quien, según un informe de inteligencia elaborado por el Instituto Nacional Penitenciario de Honduras (INP), cultivó contacto con una agente del Estado en Támara que ayudó a los líderes del Barrio 18 a llevar a cabo el plan.
Un extenso informe del INP, redactado tras la masacre y catalogado como INFOINTE-AOINP-01-2023, detalla en uno de sus apartados la relación del Barrio 18 con miembros del personal penitenciario. El reporte indica que una agente identificada como Marlen Sobeyda Ariano López “ingresó armas para facilitar la masacre”. Ariano tiene dos hijos con Elvin Ramón Martínez Castillo, un miembro del Barrio 18 que fue compañero de celda de Lucifer, uno de los supuestos planificadores del ataque. “Ella ingresaba a la celda de ‘Lucifer’ para ofrecerle su apoyo”, señala el informe.
Una fuente cercana al Ministerio Público de Honduras confirmó que la investigación sobre la masacre arrojó indicios de la participación de los líderes del Barrio 18, aunque no aclaró si estas pistas fueron incluidas en el caso judicial contra las pandilleras ya condenadas.
“Pechocho”, “Lucifer” y “El Cuervo”, los tres líderes pandilleros que presuntamente planificaron la matanza con la ayuda de agentes policiales, se encontraban recluidos en el sector masculino de la cárcel de máxima seguridad en Támara. Sin embargo, no podrán aportar más información a las investigaciones, si es que alguna vez se les consideró sospechosos, ya que los tres fueron asesinados en sus celdas el 18 de febrero de 2024, durante un incidente que las autoridades penitenciarias inicialmente calificaron como una reyerta y, luego, como “sucesos aislados”.
“Es demasiado sospechoso todo. Las muertes de los tres líderes del Barrio 18 ocurren cuando había indicios de que ellos habían planeado algo que se les escapó de las manos, y por eso se desató esa matanza. Sabían que tenían cómplices entre los policías... Los mataron para que no dijeran nada”, comentó a Infobae uno de los agentes que ha participado en las investigaciones.
