La presidenta Xiomara Castro y el presidente del Congreso, Luis Redondo, sigilosamente y furtivamente se aliaron para sancionar y publicar el acta que contenía la adhesión a la Corporación Andina de Fomento (CAF), pese a que la misma no haya sido aprobada por la mayoría simple; es decir, 65 votos.
La adhesión al banco internacional fue publicada ayer viernes en el diario oficial La Gaceta, lo que la convierte en ley; sin embargo, 70 de 128 diputados no aprobaron el acta de la sesión anterior, que contenía dicho proyecto.
El artículo uno del proyecto establece en La Gaceta “aprobar en todas y cada una de las partes el Convenio sobre Inmunidades, Exenciones y Privilegios entre la República de Honduras y la Corporación Andina de Fomento (CAF)”.
La acción ilegal de Castro es avalada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, y por la minoritaria bancada oficialista.
El oficialismo se respaldó maliciosamente en el artículo 115 de la Constitución de la República, que literalmente dice: “Todo proyecto de ley al aprobarse por el Congreso Nacional se pasará al Poder Ejecutivo, a más tardar dentro de tres días de haber sido votado, a fin de que este le dé su sanción en su caso y lo haga promulgar como ley”.
Sin embargo, expertos arguyen que la mandataria y Redondo desconocen que un proyecto de ley para que se considere aprobado, como dice la Constitución, no solo necesita pasar el primero, segundo o tercer debate, sino también la aprobación del acta de esa sesión, como lo establece la técnica parlamentaria en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.Constitucionalistas consideran que lo ocurrido es un golpe al Poder Legislativo.
“Son un autogolpe tanto del Legislativo como del Ejecutivo porque ellos mismos han decidido violentar la ley y la Constitución”, explicó Oliver Erazo, experto constitucionalista.
Y agregó: “Es una usurpación al poder soberano depositado en los más de 70 diputados que votaron en contra del acta. Esto configura una ruptura irremediable al Estado democrático de derecho”.
Para el analista Raúl Pineda Alvarado, este hecho traería consecuencias a las actuales autoridades cuando haya un cambio de Gobierno ajeno a la ideología de Libre, y es claro que la sanción y publicación no serviría de mucho para el Gobierno.
“De nada sirve para el Gobierno central si al final todo préstamo irá al Congreso, donde no será aprobado, pero sí aumentará la tensión, crispación, aunque dirigentes de Libre digan que conviene que la población esté polarizada”, analizó Alvarado.
El analista también externó que esto dicta un Gobierno dictador y autoritario, que su camino va más apegado a Daniel Ortega que a Nayib Bukele.
Este acto dejó latente un juicio político para Redondo y Castro, además de incurrir en los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación y traición a la patria, según abogados constitucionales.
Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, dijo que “la CAF tiene conocimiento de que se necesitaba la ratificación del acta, entonces, ¿se arriesgarán a prestar dinero?; además, la Corte tendrá una prueba de fuego con esta adhesión. Cualquier préstamo se tiene que aprobar en el Congreso Nacional, y 71 diputados dijimos que no a esta adhesión y diremos no a la prestación de dinero”, dijo. Sociedad civil también rechazó este abuso.
Desde el Ejecutivo justifican sanción de adhesión
A pesar de que juraron no sancionar sin que el acta estuviera ratificada, desde el Poder Ejecutivo justificaron la publicación en La Gaceta de la adhesión a la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El expresidente Manuel Zelaya dijo que “hay un debate entre banqueros que no quieren otro banco como competencia y usan al bipartidismo como máscara política”.
“El pueblo debe saber la verdad sobre la CAF, que es un problema con las élites”, agregó Zelaya.
En tanto, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, contó a este rotativo que “se procedió a publicar porque la adhesión a la CAF fue aprobada en el Congreso por una mayoría de 66 votos, cumpliendo con el mandato constitucional”. Pastor afirmó que quienes dicen que no se debió sancionar están bajo un sabotaje al gobierno de Castro.
“Lo demás es un juego de sabotaje a ese recurso, intentando utilizar una etapa que permite hacer cambios solo de forma para hacer cambios de fondo, que ya no proceden”.
