El pleno del Congreso Nacional de Honduras aprobó este martes un paquete integral de amnistías orientado a aliviar la asfixia económica que enfrentan miles de hogares y empresas debido a la acumulación de deudas por servicios básicos y obligaciones fiscales.
El decreto, dictaminado favorablemente, establece una ventana de cuatro meses para que los contribuyentes regularicen su situación sin el castigo de multas, recargos o intereses, reconociendo que la crisis económica ha vuelto "impagables" muchas de estas obligaciones institucionales.
Esta medida legislativa responde a una "desaceleración económica" que ha mermado el poder adquisitivo de la población y ha incrementado la mora en instituciones como el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La iniciativa busca no solo un respiro para el bolsillo ciudadano, sino también fortalecer las finanzas del Estado mediante el incentivo del cumplimiento voluntario en un momento de baja recaudación.
"Es un beneficio para la población, para aquellas personas y empresas cuya situación económica es muy difícil y tenían responsabilidades fiscales que no habían podido cumplir, porque es muy difícil ponerse al día si no se cuenta con el dinero necesario en el tiempo que se tiene que pagar", expresó Tania Pinto, diputada y proyectista de la ley.
El beneficio de la Amnistía Tributaria permitirá a los obligados que no cumplieron con sus deberes materiales o formales al 31 de diciembre de 2025 realizar sus pagos de forma extemporánea sin sanciones pecuniarias.
En el caso del Seguro Social, la amnistía tiene un impacto social directo, ya que obliga a la institución a restablecer de inmediato el acceso a los servicios de salud para aquellos afiliados cuyos patronos se acojan al beneficio.
Esto soluciona la problemática de miles de trabajadores que, pese a sus cotizaciones, se encontraban desprotegidos debido a la morosidad de sus empleadores tanto en el sector público como en el privado.
"Esto beneficia en dos opciones, una que es al beneficiario final que ya se pone al día con su responsabilidad fiscal y pueden utilizar los servicios médicos los empleados de estas empresas en el Seguro Social, y también permite a la institución captar fondos", detalló Pinto.
El decreto también reactiva beneficios que estaban por expirar o que presentaban dificultades operativas en su aplicación.
La amnistía municipal, que estaba a solo dos días de vencerse, ha sido extendida por el mismo periodo de cuatro meses, al igual que los beneficios para usuarios del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y otras empresas de agua potable que funcionan en cada municipio.
"La amnistía tributaria del Instituto Hondureño de Seguridad Social estaba ya vencida y la tributaria sí estaba vigente, pero había un problema de redacción que no le permitía a las empresas hacer uso de este beneficio", explicó la legisladora nacionalista.
La diputada enfatizó que esta medida no busca premiar la morosidad, sino ofrecer una oportunidad de reinserción productiva en un contexto de inflación y encarecimiento de servicios básicos.
El decreto entrará en vigencia de manera inmediata tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
