Tegucigalpa, Honduras
A pesar de que el Congreso Nacional no ha aprobado una ampliación del estado de excepción, el Poder Ejecutivo publicó en La Gaceta la ampliación bajo el decreto ejecutivo PCM 03-2025.
Esto causó debate entre sectores que cuestionan su legalidad, así como sus resultados, y otros que lo defienden.
De acuerdo con los entes de seguridad, el estado de excepción parcial que se aplica en 226 municipios del país se extendió por 45 días, es decir, a partir del 5 de enero al 19 de febrero.
No obstante, el anuncio no fue bien visto por algunos sectores que consideran que el estado de excepción no ha dado los resultados esperados en la lucha contra el crimen organizado, además que las últimas extensiones no tienen el carácter legal.
Para el abogado constitucionalista Oliver Erazo, la publicación del estado de excepción en el diario oficial La Gaceta, es ilegal si no fue aprobado por el Congreso Nacional.
Con la acción se están violentando todas las garantías constitucionales de la población hondureña, afirmó el experto en derecho constitucional.
Erazo explicó que el decreto ejecutivo debió ir al Congreso Nacional después de ser aprobado por el Consejo de Ministros. Enfatizó que aunque sea publicado en La Gaceta, “no es ley si no es aprobada por el Congreso Nacional”.
“El mismo decreto señala que debe de ser aprobado por el Congreso Nacional, por lo que las personas que sean detenidas en este tiempo o sean allanadas sus viviendas deben salir en libertad porque su detención es ilegal”, agregó. Enfatizó que aunque sea publicado en La Gaceta “no es ley si no es aprobada por el Congreso Nacional”.
Consecuencia
La aplicación del estado de excepción, sin haberse aprobado en el Congreso Nacional, expone a Honduras a demandas por las acciones que ejerza la Policía durante ese período, advirtieron expertos.
La exfiscal Nilia Ramos coincide con el abogado Erazo en que el Poder Ejecutivo a través del Consejo de Ministros puede aprobarlo, pero se debió enviar al Congreso para que este lo modifique, apruebe o desapruebe.
Los diputados de la oposición indicaron en diciembre del año pasado que era la última vez que se apoyaban en la ampliación del estado de excepción.
“En ese entonces enfatizamos que esperábamos que la Secretaría de Seguridad tuviera otras medidas novedosas para el control de la delincuencia en el país, por lo tanto, nuestra bancada no vamos a apoyar un nuevo estado de excepción, y en igual condición estaba el Partido Nacional y Liberal”, dio a conocer el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.
Para el criminólogo Wilfredo Rubio, el estado de excepción debe ser parte de un plan articulado de otras medidas como un plan de seguridad nacional.
Además de cuestionar la validez de la medida que comenzó en 2022, los sectores señalan que no se han dado los resultados esperados.
El diputado Liberal Marlon Lara rechazó una nueva ampliación a la medida argumentando que no ha cumplido con los resultados esperados. “Dejamos claro que no íbamos a apoyar la extensión del estado de excepción porque no ha dado los resultados”, dijo.
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De acuerdo a un análisis de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en 2022 un total de 226,262 hogares en el país eran víctimas de la extorsión; las cifras bajaron con la entrada en vigor del estado de excepción hasta llegar a junio del 2023 a 216,836 hogares. Sin embargo, a medida el estado de excepción se iba ampliando, el flagelo de la extorsión aumentó, es decir, que a pesar de la medida impuesta, el crimen organizado se fortalecía.
Para noviembre de 2023 los hogares que padecían de ese flagelo fueron 286,533, según el análisis de la organización de sociedad civil, para el 2024 la cifra de hogares que son extorsionados llegó a más de 304,000.
