La audiencia inicial en la acusación incoada a Juan Carlos Canales Lobo, empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue suspendida este viernes tras la evacuación de medios de prueba.
No obstante, será retomada el lunes 7 de abril cuando el juez asignado al caso dictará una resolución sobre las acusaciones de violación a los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles y fraude.
Esto está relacionado con el manejo irregular en el traslado de las maletas electorales durante las elecciones primarias celebradas el 9 de marzo.
Según la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, la suspensión de la audiencia se dio debido a que el Ministerio Público (MP) presentó más de 20 medios de prueba en su contra.
Castillo explicó que, pese a la extensa cantidad de evidencias, la defensa solicitó un receso para revisar a fondo los documentos presentados.
“El Ministerio Público ofreció una considerable cantidad de pruebas, pero la defensa pidió la revisión de las mismas”, explicó la portavoz.
Los abogados de Canales Lobo solicitaron este plazo para analizar a detalle toda la documentación presentada por la Fiscalía.
Doris Imelda Madrid, apoderada legal de Canales Lobo, señaló: “Estamos preparados para responder al requerimiento fiscal”, y agregó que no revelarán su estrategia de defensa ni anticiparán victorias. “La decisión final dependerá del juez, un tercero imparcial”, apuntó.
El 1 de abril, Canales Lobo fue enviado al Centro Penal de Támara tras la orden de detención preventiva emitida por el juez.
Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmó que la medida se adoptó por la gravedad de los cargos, ya que existían pruebas suficientes para justificar la detención preventiva.
Silva explicó que el juez consideró que existía el riesgo de que Canales Lobo obstruyera las investigaciones o intentara fugarse.
“La detención preventiva se dicta debido a la gravedad de los delitos imputados y al riesgo de obstrucción de las investigaciones o de fuga”, declaró Silva.
Ese día, durante la audiencia de declaración de imputado, la Fiscalía solicitó la detención de Canales Lobo, mientras que su defensa propuso como alternativa la presentación de un bien inmueble como garantía.
Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por el juez debido a que el inmueble no cumplía con los requisitos legales establecidos.
Los cargos contra Canales Lobo están relacionados con la contratación fraudulenta de una empresa de transporte para el traslado del material electoral, lo que, según las autoridades, ocasionó graves anomalías durante las elecciones.
En particular, los problemas más notorios se presentaron en el traslado de las maletas electorales, lo que provocó retrasos significativos en la apertura de las urnas, principalmente en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Además de Canales Lobo, otras personas también han sido requeridas judicialmente en el marco de este caso. Entre ellos figuran Dennis Hércules, Joel Ramos García, Raúl Amílcar Rivera, José Martín Pastrana y Carlos Salomón Fonseca, quienes enfrentan cargos similares.
