En medio de una creciente controversia por el rol de las Fuerzas Armadas durante las elecciones primarias del pasado 9 de marzo, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, convocó este sábado a más de 1,700 oficiales de distintas zonas del país para intentar disipar los cuestionamientos en su contra.
La reunión, llevada a cabo en la sede de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), reunió a coroneles, tenientes coroneles y mayores de las regiones central y sur. Según trascendió, el acceso de los oficiales al recinto estuvo condicionado a la entrega de sus teléfonos celulares, medida que generó suspicacias y malestar.
En un audio filtrado al que tuvieron acceso LA PRENSA y EL HERALDO, un alto jefe militar instruyó a los asistentes que debían presentarse a las 5:00 de la mañana en el estacionamiento de la FAH y dejar sus celulares en los vehículos.
En el mensaje se advertía que “elementos de la Policía Militar estarán en la entrada del salón haciendo registros y será penoso que a alguien le encuentren un teléfono”.
La reunión se realizó en medio del malestar que provocó una orden emitida por Hernández días atrás, en la que instruyó a oficiales de las promociones 28, 29 y 30 a entregar sus armas de reglamento. Esa decisión ha sido interpretada por algunos sectores como una maniobra contra quienes eventualmente podrían sucederlo en el cargo, ya que su relevo está previsto para finales de este año.
Aunque el general sostiene que la medida fue rutinaria, hay voces dentro y fuera de la institución castrense que señalan intenciones más profuns.
Críticas
Las sospechas giran en torno al creciente descontento por su gestión, marcada por decisiones polémicas y una aparente cercanía con intereses políticos, lo que ha generado dudas sobre el cumplimiento del mandato constitucional de las Fuerzas Armadas.
El papel del general Hernández en el proceso electoral ha sido duramente criticado, particularmente por los retrasos en la entrega de maletas electorales.
En Tegucigalpa, algunos centros recibieron el material entre ocho y doce horas después de lo previsto, lo que puso en riesgo la participación ciudadana. Aunque la Constitución establece que las Fuerzas Armadas deben custodiar y distribuir el material electoral, su desempeño fue ampliamente cuestionado.
Una de las voces más firmes en este sentido ha sido la de Cossette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien denunció intentos del jefe castrense por maquillar los fallos logísticos registrados.
Además, se reportó un intercambio tenso entre ambos el pasado 21 de marzo, cuando Hernández le recordó a López que “no estaba bajo su autoridad”, pese a que el artículo 272 de la Constitución establece que las FFAA deben estar bajo el mando del CNE desde 30 días antes hasta 30 días después de un proceso electoral.
Hostilidad
Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor ha intentado limpiar su imagen lanzando una campaña en redes sociales y acudiendo a distintas organizaciones, incluyendo ONGs y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), para presentar su versión de los hechos y culpar a otros actores del proceso electoral.
No obstante, dentro de las filas militares se respira un ambiente tenso. Fuentes internas aseguran que Hernández mantiene una actitud hostil hacia sus subordinados y no tolera críticas.
En una reunión reciente con comandantes y directores de las fuerzas, celebrada el 31 de marzo en la base de la Fuerza Naval, el general habría insultado a oficiales de alto rango, llamándolos “basuras”. Nadie se atrevió a responderle, ya sea por miedo a sanciones o por temor a perder beneficios económicos al momento de su retiro.
En ese mismo encuentro, ante las quejas del general porque no ha recibido apoyo público, un coronel —cuya identidad se omite por seguridad— habría sugerido iniciar una campaña de desprestigio contra la presidenta del CNE, supuestamente utilizando imágenes privadas de la funcionaria.
Finalmente, este sábado, el general repitió ante sus oficiales una presentación que ha venido mostrando en distintos espacios, con el objetivo de alinear el discurso interno frente a los señalamientos que pesan sobre su gestión y la actuación de las Fuerzas Armadas en el pasado proceso electoral.
