El sector de taxis colectivos sigue agobiado por el cobro de extorsión de parte de estructuras criminales a las que les pagan cinco millones de lempiras al mes por ese ilícito.
Dirigentes de los taxis de punto manifiestan que de nada sirve el estado de excepción porque están cansados de estar pagando a las organizaciones del crimen organizado y las autoridades aun con esa herramienta legal no paran su accionar delictivo.
Dijeron que en este mes de diciembre, como todos los años, las estructuras criminales exigen que se les pague el “aguinaldo” lo que significa otro duro golpe a sus ingresos.
Señalaron que uno de los problemas es que las autoridades policiales solo capturan a los que cobran la extorsión y no a los jefes de los grupos delictivos, como hizo el presidente Nayib Bukele en El Salvador.
También denunciaron que hay policías y militares coludidos con las estructuras criminales, lo que es un secreto a voces y las autoridades superiores no hacen nada para combatir ese problema.
Los taxis colectivos de la Rivera Hernández son los que más pagan por extorsión, pues en ese sector operan cuatro estructuras delictivas. Después sigue la zona de Lomas del Carmen, siempre en el noreste de San Pedro Sula.
Entre los puntos de taxis más grandes y que también pagan altas cantidades de dinero están los de Chamelecón y San José Cinco, donde la extorsión es cobrada por la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha, que son las que predominan en esos sectores.
Los dirigentes dijeron que en San Pedro Sula hay unos tres mil taxis colectivos y cada unidad en promedio paga 400 lempiras a la semana por extorsión.
Los asaltos también afectan a los taxis colectivos
Los datos que maneja la dirigencia de los taxis colectivos indican que al mes pagan a los grupos criminales unos cinco millones de lempiras por extorsión.
En las zonas conflictivas como Chamelecón, Rivera Hernández y Lomas del Carmen, los taxis colectivos operan bajo las normas de las maras y pandillas.
Las unidades solo pueden transitar por el corredor que cubren que es dominado por una de las estructuras criminales porque si un taxi se mete a dejar pasajeros fuera de la ruta a territorios de las pandillas contrarias, corre el riesgo que priven de su libertad al conductor y lo maten.
Otra de las normativas impuestas por las estructuras criminales es que los taxis no tengan monitoreos electrónicos como GPS y también les prohíben instalaciones de dispositivos de cámaras de seguridad en las unidades y en los lugares donde tienen sus puntos.
Lo que buscan las organizaciones criminales con esas restricciones es que su accionar esté menos visible y vigilado.
Entre las prohibiciones impuestas por las estructuras delictivas también está cero denuncias a la Policía y el pago puntual de la extorsión.
Los otros problemas que afectan al sector de los taxis colectivos son los asaltos y la gran cantidad de taxis que trabajan ilegalmente, que es una competencia desleal.
