El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó este miércoles dejar sin valor ni efecto el Memorando No. 02-2026, emitido el pasado 2 de junio, una decisión que pone en pausa una disposición administrativa que había generado controversia tanto en el ámbito judicial como político.
La determinación fue comunicada mediante un nuevo memorando dirigido a juezas y jueces con competencia en materia penal, así como a las dependencias relacionadas con estadísticas judiciales, género y documentación. En el documento se establece que la suspensión tendrá carácter temporal mientras el Pleno discute el tema y adopta una resolución definitiva.
El memorando suspendido había sido firmado por la magistrada Rubenia Esperanza Galeano, coordinadora de Justicia Abierta, e instruía a los jueces con competencia penal a registrar durante las audiencias iniciales la identidad de género autopercibida y el nombre social o elegido de las personas imputadas.
La medida provocó reacciones encontradas debido a que en Honduras no existe una Ley de Identidad de Género aprobada por el Congreso Nacional. Diversos sectores cuestionaron la disposición al considerar que introducía criterios no contemplados expresamente en la legislación vigente.
La controversia también llegó al Congreso Nacional, donde diputados de distintas bancadas expresaron su desacuerdo con el contenido del memorando y solicitaron su derogación. El tema cobró relevancia durante la comparecencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para presentar el anteproyecto de la Ley del Consejo de la Judicatura.
Ante el debate generado, el máximo tribunal decidió intervenir y suspender temporalmente los efectos del documento mientras realiza una revisión de su contenido. En el nuevo memorando, la Corte reiteró que toda actuación judicial debe regirse por los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso e independencia judicial.
Asimismo, la CSJ reafirmó su compromiso con la protección de los derechos fundamentales, la igualdad ante la ley y la no discriminación, señalando que cualquier lineamiento institucional deberá ajustarse al marco constitucional y legal vigente.
La decisión del Pleno deja en suspenso la aplicación del Memorando 02-2026 hasta que la Corte adopte una postura definitiva sobre una medida que ha generado amplio debate dentro y fuera del Poder Judicial.
